Los senadores nacionales que se llenan la boca con la muletilla de que trabajan “por un país mejor para nuestros hijos” tienen una oportunidad única para demostrarlo: podrán votar, el miércoles que viene, la aprobación definitiva de la Ley de Protección de Glaciares que acordaron el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus.
La ley tiene un objetivo claro: clasificar y proteger los miles de glaciares argentinos, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. El 70 por ciento de la Tierra está cubierta de agua, pero solo el 2,5 por ciento es agua dulce y puede ser usada para consumo humano. A la vez, el 70 por ciento del agua dulce de todo el planeta proviene de los glaciares.
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En la Argentina, diez provincias tienen glaciares: Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Se trata de las provincias donde las petroleras y las mineras más negocios hacen.
Los glaciares argentinos están amenazados por dos cuestiones: una es el calentamiento global y, la otra, la megaminería a cielo abierto. Para obtener un gramo de oro, la minería a cielo abierto tiene que detonar 4 toneladas de roca, con el evidente daño ambiental que esto produce. Y para procesar ese oro, lo sumerge en una mezcla de cianuro y agua que contamina el aire y la zona de glaciares y de “periglaciares”.
Los periglaciares son suelos congelados en forma permanente que a veces tienen hielo en el subsuelo. Se da en regiones continentales de latitudes altas o en zonas montañosas, que se caracterizan por heladas y deshielos. Se calcula que, con este método, una minera que trabaja a cielo abierto usa de 7 a 9 toneladas de cianuro por día y 370 litros de agua por segundo.
En su artículo sexto, la Ley Bonasso Filmus prohíbe las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y sus funciones. En realidad, apunta a la exploración y explotación de petroleras y mineras, porque pueden liberar sustancias contaminantes y destruir los glaciares con las detonaciones.
En su artículo 15, la Ley Bonasso Filmus da a la autoridad de aplicación, la Secretaría de Minería, un plazo de 180 días para organizar un inventario de glaciares y periglaciares, y denunciar a las empresas cuyas actividades los estén afectando.
Bonasso presentó el proyecto después de que la Presidenta vetara una ley muy parecida, presionada por los gobernadores de las provincias mineras y por la Barrick, una minera que tiene pensado extraer oro de una zona de periglaciar que se encuentra en San Juan. La ley había sido votada por unanimidad en ambas cámaras, y su anulación fue considerada escandalosa por ambientalistas y científicos expertos en el tema.
Bonasso ya había presentado, junto a la Coalición Cívica, una denuncia para que se investigue si el gobierno nacional, a través de una decisión secreta, le concedió a la Barrick la posibilidad de pagar menos impuestos. También acusó el secretario de Minería, Jorge Mayoral, de tener intereses en aquella minera, y al senador nacional César Gioja, por la incompatibilidad que representa ser integrante de la Comisión de Minería del senado y accionista de una empresa proveedora de la Barrick.
Esta semana, al final, se verá quiénes son más poderosos: si los lobbistas de las mineras y petroleras cuyo negocio puede ser afectado, o quienes dicen representar los intereses de los argentinos.
