El mismo contempla enajenaciones por parte del Estado, reajuste de tierras, participación pública en incrementos del valor de la propiedad y control del medio ambiente.
Se trata de la creación de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y de una autoridad de aplicación para tal fin.
El proyecto contempla un relevamiento integral de todo el territorio, la imposición de impuestos de incremento progresivo para tierras ociosas, la enajenación por parte del Estado de propiedades que sean consideradas previamente de "interés público", la participación pública en las ganancias de valor de la propiedad que generen las inversiones estatales en infraestructura y la cuestionada mención a las zonas privadas de urbanización.
