La Corte Suprema de Justicia
confirmó el fallo que ordenó al Estado Nacional garantizar la cobertura médica gratuita y
controlar la continuidad de un tratamiento de rehabilitación para una joven que quedó
discapacitada debido a un accidente automovilístico en Santa Fe.
El máximo tribunal
coincidió con la justicia federal de primera y segunda instancia de Rosario, que
aceptó la acción de amparo promovida por
Graciela Noemí Passero, madre de la damnificada, y mandó cumplir con los servicios
médicos de neurología y fisiatría y el suministro de férulas y una cama ortopédica.
Por segunda día consecutivo, el Estado es conminado a garantizar una vida digna a sus
ciudadanos. Ayer, la Corte Suprema emitó una medida cautelar para que
sea garantizado el alimento a la
comunidad toba de Chaco.
En el caso de Santa Fe, la sentencia avalada por la Corte dispuso, además,
proporcionar a la mujer "toda otra prestación y suministros médicos" que sean
requeridos, "todo ello sin trámite administrativo alguno que lo impida o lo trabe", sin
perjuicio de las obligaciones asumidas por las autoridades sanitarias de la provincia.
En el fallo se analizó que por la
ley provincial 11.814, se aprobó el convenio por el cual el gobierno de Santa Fe
optó por la incorporación gradual al Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con
Discapacidad y que es la autoridad que al presente brinda la cobertura médica a la afectada.
Esos servicios se financian a través del
Programa Federal de Salud (PROFE), que cubre las prestaciones médicas a los
beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez y cuya gestión se encuentra a cargo del
Ministerio de Salud y Ambiente.
En el caso se reconoció que el Estado Nacional "se encuentra adoptando los recaudos
necesarios" para que la discapacitada reciba las prestaciones de Salud requeridas, pero se indicó
que "ello
no implica el cese de su responsabilidad, ya que a él corresponde velar por el fiel
cumplimiento de las normas que aseguran la continuidad de los tratamientos".
El fallo de la Corte, unánime, fue firmado por su presidente
Ricardo Lorenzetti y los ministros
Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen
Argibay, aunque esta última lo hizo con fundamentos propios, declarando "inadmisible" el
recurso extraordinario del Estado.
Fuente:
Télam