Ante varios senadores de distintos partidos, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de Adepa, Daniel Dessein expresó que la organización se manifestó "en relación a la necesidad de que el Estado disponga de una reglamentación específica para la adjudicación de la pauta publicitaria oficial, basada en criterios racionales y mecanismos transparentes”. Para ejemplificar, citó los fallos de la Corte Suprema de Justicia en los casos de Río Negro, PERFIL y Artear, como los principios establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Adepa hizo hincapié en los “mecanismos arbitrarios y discrecionales" con los que se repartió la pauta oficial durante el kirchnerismo y "que derivaron en un sistema marcado por las irregularidades en la adjudicación de los recursos de los ciudadanos”. A su vez destacó que con el nuevo gobierno se debe "volver a un nivel de razonabilidad y que se entienda que la pauta publicitaria oficial debe cumplir los requisitos de gobierno republicano". Dessein agregó que la pauta no debe volver a transformarse en lo que fue hasta diciembre de 2015: "Un subsidio".
La comisión que preside Liliana Fellner tiene en tratativas tres proyectos para regular el dinero estatal derivado a empresas periodísticas, presentados por Juan Carlos Marino (UCR-Cambiemos), María Magdalena Odarda (Frente Progresista-CCARI) y Jaime Linares (GEN).
Por último, Adepa expresó una serie de consideraciones generales sobre una futura ley:
1. Que sea lo más genérica posible y que deje los aspectos concretos para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
2. Que cada uno de los poderes del estado puedan administrar los recursos para pautar de manera independiente y conforme a las reglamentaciones en cada caso.
3. Que se incorporen los lineamientos marcados por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA en relación a la pauta publicitaria oficial, entre los cuales se destaca la idea de “nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios”.
4. Que se tengan plazos razonables para el pago de los avisos pautados por parte del Estado, no como sucede hasta ahora.
5. Que se incluya el concepto de que “en ningún caso la publicidad se pueda traducir en un acto lesivo para la libre actividad periodística u otras acciones que puedan conducir a la censura o a la autocensura”.
