El arzobispo platense, en una entrevista con radio Continental, aseguró que “hay una deseducación (sic) en los fieles católicos que no aportan. Uno se fija en lo que es la limosna en la misa, en el momento del ofertorio se hace una colecta, esa colecta suele ser miserable”. Según averiguó PERFIL, hay un fuerte malestar con Aguer en la CEA. “Cada vez que habla, empeora las cosas”, dicen en el edificio de la sede de la calle Suipacha.
Desde la Secretaría de Culto, dependiente de la Cancillería, defendieron el giro de fondos a la Iglesia: “Los $ 130 millones son apenas un 7% de lo que maneja. Tampoco es un sueldo”, afirman. El resto del dinero sale de las contribuciones de los fieles. En definitiva, la asignación es constitucional según indica la Ley N° 21.950 que establece que tendrán una “asignación mensual equivalente al 70% de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de Primera Instancia hasta que cesen en dichos cargos”. Si se tiene en cuenta el sueldo de un magistrado de esas características que ronda los $ 100 mil, deberían cobrar aproximadamente unos $ 70 mil. No obstante, la cifras que perciben son diferentes: los diocesanos cobran $ 46.800; los auxiliares: $ 40.950; los eméritos: $ 40.950 y los administradores apostólicos: $ 46.800.
El recorrido de las asignaciones es así: la Secretaría de Culto le gira todos los meses fondos a la Conferencia Episcopal y esta se encarga de distribuirlo por las diferentes diócesis en todo el país mediante depósitos bancarios. En algunos casos, los fondos los manejan los episcopados y en otros casos, el propio obispo. De allí depende el funcionamiento y la logística de cada iglesia, que tienen cierta autonomía económica. De aquel importe no se paga ganancias ni IVA y tampoco se emite un “recibo de sueldo”.
En medio de la polémica por la despenalización del aborto y la asignación que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado, el equipo de Sacerdotes de las Villas de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en donde crìticaron que se “tome a los pobres como justificativo” de las voces a favor de la interrupción de embarazos y pidieron propuestas de “vida digna”.
Bajo el lema “Con los pobres abrazamos la vida…”, los curas villeros afirmaron que no se necesitan “agregar más muertes” a las ya padecidas “a lo largo de 50 años” de trabajo en las villas y que “aprendieron a amar y cuidar la vida”. “Se habla de la tasa de mortalidad por aborto de las mujeres de los barrios más pobres. Lo primero que hay que hacer en nuestros barrios es luchar contra la pobreza con firme determinación y en esto el Estado tiene las mejores herramientas”, sostuvieron.
