En la provincia que hace veintiseis días era gobernada por el actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, estalló una guerra de acusaciones del gobierno hacia la policía y también hacia legisladores de la oposición por el desenlace de la sangrienta protesta de los uniformados. Marcos Verbeek, ministro de Gobierno, apuntó contra el diputado provincial de la oposición Carim Peche, ex intendente de Resistencia: “Ese legislador le daba órdenes a Andino (un ex policía plegado a los reclamos), para que sume gente a la manifestación”. Tampoco la policía se salvó de las duras declaraciones del Ministro: “vimos claramente que quienes tenían que defender la institución policial hacían todo lo contrario. Emplearon las redes sociales para incitar a saquear. Alentaban a sus compañeros que estaban de servicio a que se plieguen a la lucha” y concluyó que “este aumento obtenido por la policía está manchado con sangre”.
El opositor Peche respondió que Verbeek es un “irresponsable al hacer ese tipo de declaraciones y debe hacerse cargo de lo que su gobierno no hizo, que era evitar estas muertes”. El gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff también tuvo fuertes definiciones para el accionar policial: “Hicieron acto de sedición, usaron las armas del pueblo para obtener un rédito salarial” y advirtió:“Si la justicia determina que este aumento fue obtenido por la fuerza, por la extorsión, y por ello atenta contra el artículo 7 de la Constitución Provincial, la resolución que aprueba el aumento pierde validez”.
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Otro punto polémico que tuvo el gobernador fue el cruce con el Diputado por Unión por Chaco, Carlos Martínez. “Voy a pedir su desafuero porque estuvo con los policías acuartelados”, acusó Ivanoff. El legislador Martínez refutó que “es un disparate lo que dice Ivanoff ya que solo fui convocado por los propios acuartelados” y “se quejó que funcionarios judiciales se fueron de vacaciones y si voy a tratar de consensuar, me tilda deinstigador”. Mientras, los representantes de los gremios de empleados provinciales amenazan con pedir un piso de $ 8.100, lo que logró la policía. El Procurador General de la provincia, Jorge Canteros confirmó que el fiscal Marcelo Soto ordenó la detención del comisario Juan Ramón Canteros, quien fue sindicado por el gobernador como el instigador de la protesta.
