Falta de insumos, ausencia de médicos, una unidad sanitaria “desaparecida” y hasta “ñoquis” dentales. Los resultados de una de las primeras auditorías que realizó la Provincia sobre el sistema de salud del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que fue intervenido hace más de dos meses, no fueron muy alentadores.
Según un detallado informe, al que tuvo acceso PERFIL, en el área de salud penitenciaria había 517 médicos para atender a 34 mil presos. Es decir, uno cada 66 reclusos. Peor aún: los funcionarios del Ministerio de Justicia que conduce Gustavo Ferrari se encontraron con que el 20% del personal estaba de licencia. Un chiste malo: médicos con licencia médica de meses.
Como contraparte, en unidades como Campana o Sierra Chica había un médico cada 200 presos, pero en Florencia Varela la situación era peor: uno cada 767 internos. En el área de odontología surgieron los primeros “ñoquis dentales”. De los 227 odontólogos del SPB, un porcentaje de ellos no tenía dónde trabajar por falta de estructura y equipamiento. “Por ejemplo, la unidad de Campana tiene 718 internos pero sin servicio de odontología”.
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Además, el equipo de auditores que encabeza Fernando Rozas, mano derecha de Ferrari, encontró graves irregularidades en la provisión de insumos. Entre lo más escandaloso: “lotes de medicamentos vencidos, 300 dosis de anestesia sevorane por $1 millón, 700 ampollas de psicofármacos, más de mil espéculos vencidos y 2200 cintas adhesivas sin pegamento”. Hubo que tirar todo.
“Asimismo existía un stock en la Farmacia Central de insumos no repartidos en las unidades. El sistema administrativo para su seguimiento originalmente armado en 2005 fue corrompiéndose a lo largo del tiempo y los puntos de fuga ya estaban consolidados”, reza el informe de Asuntos Internos del SPB.
Un caso para estudiar es el de la unidad sanitaria “desaparecida”. En 2000 se equipó por completo la unidad de General Alvear, pero nunca pudo entrar en funcionamiento para intervenciones quirúrgicas. Contaba “con seis camas de terapia intensiva, respirador, bombas de difusión y alimentación, monitores, radioscopia, un ecógrafo y hasta un equipo de rayos de última generación”. Claro que ante semejante inventario, los auditores intentaron recuperar, aunque sea, los equipos pero, según el informe, “cuando solicitamos el equipamiento no lo encontramos y nadie supo informar dónde estaba”.
Para 2017 en el ministerio prometen reordenar el sistema (se implementó el reconocimiento médico a domicilio), se controlará “en tiempo real el volumen de transacciones” de laboratorios, distribuidoras, droguerías y farmacias”, y se firmará un convenio con el Anmat para los medicamentos.
