El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó hoy allanar las oficinas de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, tras la denuncia penal impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans, sobre las irregularidades en el proceso licitatorio para la construcción de un edificio “inteligente y de última tecnología” ubicado en la calle Uruguay 722 cuyos costos fueron “millonarios” pero nunca se construyó.
Además, las sospechas de los investigadores en relación a la edificación destinada a juzgados civiles, ronda en una posible sobrefacturación que benefició a la empresa RIVA SA., la misma a la que se acusa de incumplir lo pactado y a la que se le volvería a otorgar esta obra en los próximos días, sentenciaron las voces consultadas de la magistratura. Cabe recordar que RIVA S.A. es la misma empresa que salió ganadora en el llamado a licitación del Gobierno nacional para la construcción de un megaedificio en la isla Demarchi.
Ricardo Monner Sans impulsó la denuncia el pasado 3 de Septiembre aunque también accionó otras cuatro por “ilegalidades” y “sospechas de accionar delictual” en los “procesos de compras, contrataciones y licitaciones” que se efectuaron en la Magistratura, con normas “derogadas” y funcionarios sin los requisitos para ejercer sus cargos.
La maniobra encubriría desvíos de fondos, ya que se adjudicó el proyecto a la empresa RIVA S.A, la obra no se realizó, los pagos “millonarios” se efectuaron y ahora se abrió una nueva licitación que se adjudicaría a la misma empresa que incumplió “innumerables veces”, en supuesta connivencia con funcionarios del Consejo de la Magistratura, según advierte el denunciante.
Allanamiento. A las 11.30 horas se llevó a cabo el operativo con más de cinco oficiales judiciales que secuestraron expedientes y soportes técnicos de las oficinas del presidente del Consejo de la Magistratura, el camarista federal Alejandro Sánchez Freytes, según explicaron fuentes judiciales.
Allí, se habrían intentado “ocultar” la documentación de la Comisión de Administración Financiera que también fue allanada por el personal judicial. De esta, se llevaron documentación, expedientes y computadoras que podrían complicar la situación procesal del presidente de dicha comisión, el camarista laboral Mario Fera y del Administrador General del Poder Judicial, Germán Krieguer.
Estructura Inteligente. La obra para la “ambiciosa” construcción de un edificio para el fuero civil se adjudicó a través de la Comisión de Administración y Financiera en Septiembre de 2009, a la empresa constructora RIVA S.A.
No sólo se habría llevado a cabo con leyes “derogadas” sino que además se hizo con la intervención del Administrador General del Poder Judicial que carecería de título habilitante para ejercer su cargo, según denunció la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago.
Al momento de la adjudicación en 2009, Krieguer, no tenía título universitario y habría sido nombrado por el entonces presidente del Consejo, el camarista Luis María Cabral.
La responsabilidad de Fera, Krieguer y Cabral está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien avanzaría junto al fiscal Patricio Evers en la recolección de pruebas y en la investigación de responsabilidades según el artículo 253 del Código Penal, detallan los técnicos consultados.
Además de investigan supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y enriquecimiento ilícito de los que intervinieron en el proceso licitatorio y adjudicaron la obra.
Millones para una obra inexistente. El monto inicial de la adjudicación fue por $ 50.043.000, con un plazo de ejecución de dos años pero, hasta la fecha, no se efectuaron obras ni siquiera hubo intentos de hacerlo. Además, los costos fueron “in crescendo por consenso de partes” hasta llegar a $70.510.214,88, explica Monner Sans.
Según la documentación que aportó el letrado, se afirma que el contrato habría sido formalizado el 26 de octubre de 2009; el 6 de noviembre de 2009 la Dirección General de Infraestructura Judicial habría impartido la orden de ejecución y el 13 de noviembre de 2009 se habría firmado el acta de entrega del terreno destinado a la construcción del edificio a la empresa RIVA S.A.
Diez días después, la obra fue suspendida por inconvenientes surgidos con el otorgamiento del permiso de obra por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, “lo cual demostraría una extraña aptitud para el manejo de tan delicados asuntos”, detalla el texto.
“La firma RIVA S.A. no cumplió y la Administración General y la Comisión de Administración y Financiera (CAF) habrían permitido que no se cumpliera”, remarcó el abogado.
Se ha llamado a una nueva licitación pública, abriéndose los sobres el 20 de diciembre de 2013. Entre los postulantes, y conformando una U.T.E. aparece otra vez RIVA S.A.
El costo de la obra para el mismo edificio se ha cuadruplicado independientemente de otros perjuicios que ha sufrido el Poder Judicial de la Nación, sentencia Monner Sans.
Sólo un Pozo. Pasados más de veinte meses del 6 de diciembre de 2012, ningún edificio semi-inteligente existe en el predio de Uruguay 722 / Viamonte 1435. Lo único que hay es un profundo pozo que debió ser sub-murado por otra empresa (CASAGO S.A.) para evitar daños al edificio de Uruguay 714 -donde funcionan algunos juzgados civiles- y al edificio de Uruguay 740, donde funciona la sede de la Comuna 1 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El abogado de la empresa RIVA S.A, Rodolfo Barra –exministro de la Corte Suprema y exministro de Jusiticia de Carlos Menem– se reunió con el presidente de la Magistratura, Sánchez Freytes, reunión a la que invitó a participar al resto de los consejeros, pese a la queja de alguno de ellos hace unos días.
El tema de la reunión se centró en la tramitación de un recurso extraordinario que le podría permitir a la empresa recuperar la obra del edificio por la que ya habría cobrado “millones”, “incumplió lo pactado”, “hubo sobreprecios” y pese a un sinnúmero de irregularidades, Fera y Krieguer, podrían adjudicarle la construcción una vez más con precios “exorbitantes”, explica el denunciante.
Barra, de estrecho vínculo con el poder desde el gobierno menemista, intervino como jurado en los concursos más sensibles que tramitaron en la Magistratura durante toda la gestión kirchnerista.
