Los gremios estatales de Tucumán cortaron rutas para reclamar un sueldo básico de $2.000 que compense el aumento dado a las fuerzas policiales. El gobierno de José Alperovich se muestra golpeado por la situación. Evitó una autocrítica y desestimó cambios en el Ministerio de Seguridad. En cambio dejó en manos de la Justicia la investigación de los policías acusados de sedición. Mientras, los legisladores de la oposición aguardan en vano, que prospere un pedido de interpelación contra el titular de la cartera, Jorge Gassenbauer, para que explique la falta de acción que mostró el Gobierno en el manejo de la crisis.
Más de 15 mil tucumanos protagonizaron un cacerolazo. Pero Alperovich está preocupado en ver cómo va a conseguir los fondos necesarios para apaciguar los ánimos de los gremios estatales que ya salieron a tomar las sedes de las distintas reparticiones públicas y a cortar las rutas, para reclamar un incremento salarial del 35 % que los equipare con el aumento conseguido por la policía y un pago extra de $2.000 por única vez.
Trágico saldo. Un relevamiento realizado por el diario La Gaceta en los hospitales públicos y privados reveló que el número de muertos no fue de cinco, como se sostuvo desde el Gobierno, sino ocho e inclusive se estima que podría haber más, ya que algunos murieron en el lugar donde se produjeron los saqueos y no llegaron a los centros asistenciales.
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Al cierre de esta edición, eran ochos los policías acusados de sedición que permanecían detenidos y no se descartaba que en los próximos días la justicia tucumana libere nuevas órdenes de detención. Entre las pruebas que tendría la justicia para acusar a los policías por sedición y participación en los saqueos estaría el entrecruzamiento de llamadas telefónicas y mensajes de texto que delatarían la presunta conexión de los policías con los saqueadores.
