Hace dos semanas, el lunes 16 de abril, recibí un llamado de una asistente de la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, por el cual me citaban como testigo en la causa 4012/03, que investiga una serie de violaciones a los derechos humanos en el Gran Buenos Aires cuando esa zona era dirigida por el general Santiago Omar Riveros, durante la dictadura.
La asistente de la jueza Vence me explicó que la citación se debía a declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla y del ex ministro del Interior, general Albano Eduardo Harguindeguy, así como testimonios de Riveros, contenidos todos ellos en mi último libro Disposición Final.
“Pero, si el libro acaba de salir este fin de semana, ¿ya lo leyeron’”, pregunté, incrédulo. “Sí, ya lo tenemos y ya lo hemos leído”, me contestó, una voz joven y segura. Me pasó luego con uno de los secretarios de la jueza Vence, a quien devolví el llamado dos días después y le solicité que la declaración no fuera el viernes 20, como querían, sino el lunes 23. Un par de días más porque no podía el viernes (me había comprometido a grabar una entrevista en el canal oficial, que luego hizo mucho ruido, con el colega Osvaldo Quiroga) y porque, además, quería consultar con un par de abogados y revisar el contenido de las entrevistas. Precauciones mínimas que, además, se unían a un cierto desencanto y desconfianza con la justicia federal a partir del resultado práctico de la investigación sobre el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, que fue reabierta luego de mi libro Operación Traviata pero que parece congelada desde hace tres años.
El lunes 23 fui al juzgado federal número 2 de San Martín, donde de entrada comprobé que Vence y sus asistentes estaban dispuestos a investigar en serio. Un ejemplar de Disposición Final estaba prolijamente marcado, habían preparado un cuestionario exhaustivo, sabían bien qué es lo querían y se manejaban con un estilo con el que me siento a gusto: cordiales, prudentes, metódicos y valientes.
En resumen, no dije nada que fuera más allá del contenido del libro por la sencilla razón de que toda la información relevante está volcada en Disposición Final. De todos modos, enfaticé algo que, me parece, se desprende del libro: “Ha habido contactos entre Videla y ex jefes militares sobre la posibilidad de avanzar en la comunicación del destino de algunos desaparecidos, pero, como dice Videla, dado que no podían dar información sobre todos (los casos), han preferido no dar nada”. Y que “hay diferencias (entre los ex jefes militares) sobre dar a conocer o no” la información que pudieran tener. También me preguntaron sobre los documentos que Harguindeguy me dijo que había alcanzado a sacar del ministerio y acerca de la desaparición del cuerpo de Roberto Santucho, el jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo muerto en un enfrentamiento con una patrulla del Ejército, a partir de las declaraciones de Videla.
Hoy, Página 12 publica en exclusiva el allanamiento de las viviendas de Videla, Harguindeguy y Riveros ordenado por la jueza Vence en el que, según ese diario, “se secuestró una gran cantidad de documentación”. No me sorprendió la noticia: mientras algunos colegas “militantes” se entretienen debatiendo, entre ellos, si hay que entrevistar a Videla, Vence y sus asistentes trabajan en silencio para que haya más justicia.
(*) Autor del libro Disposición Final. Editor ejecutivo de la revista Fortuna.
