A un mes de que se cumpla el cuarto aniversario de la muerte del ex titular de la UFI AMIA Alberto Nisman, la madre de sus dos hijas, y jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, renunció a la querella en la causa. La decisión causó sorpresa en Comodoro Py, donde el expediente recaló en 2016 tras una discusión planteada por la propia Arroyo Salgado, quien desde el comienzo del caso buscó que la instrucción estuviera en manos de la Justicia Federal y no de los tribunales de la justicia nacional que intervino en el primer tiempo. Nisman apareció muerto el 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros funcionarios y referentes del kirchnerismo, por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto de Entendimiento con Irán. Tras la disputa de fuero, la causa comenzó a ser investigada en los tribunales de Retiro por el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. En septiembre de 2017 se estableció, tras una pericia de Gendarmería, que Nisman había sido asesinado y en la causa quedó imputado como partícipe secundario el técnico informático Diego Lagomarsino. La renuncia de Arroyo Salgado, madre de Iara y Kala Nisman, se conoció en los tribunales de Comodoro Py a través de un escrito. A lo largo de una carilla, la magistrada dio cuenta de las amenazas que sufrió la familia así como de la situación familiar que se desencadenó a raíz de la muerte de Nisman. “Hago saber que la presente decisión se impone, a esta altura ya impostergable, ante la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar la protección y salvaguarda del núcleo familiar primario de quien en vida fuera Natalio Alberto Nisman. Ello atendiendo al impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación cuyas secuelas persisten al día de hoy”, sostuvo en uno de los tramos. Y agregó: “En tal virtud y en cumplimiento de los deberes que me competen en el orden personal y profesional, no puedo continuar soslayando, de un lado, las secuelas que el hecho de marras produjo a nivel familiar y, de otro, el escenario de amenazas previas y posteriores al hecho y recurrentes al día de la fecha, a cuyo esclarecimiento no se ha podido llegar aún; pero que dados sus términos, el impacto político inconstitucional del caso a nivel local e internacional y los posibles actores en juego, han generado un estado de situación que, como ya dije, me imponen priorizar la paz y espiritualidad del núcleo familiar”. En su presentación, Arroyo también resaltó “la labor y el esfuerzo profesional y personal realizados por los miembros de la defensa pública, letrados apoderados y peritos que con distintos matices acompañaron a esta parte desde el 19 de enero del 2015 a la fecha, a quienes agradezco el acompañamiento personal brindado y su actuación profesional”, aseguró la fiscal.
