El objetivo es llevar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Justicia por “la ruta del dinero K”. Un sector del Ejecutivo y de la Justicia federal se alinearon ayer para acelerar el último tramo de la causa contra Lázaro Báez y apostar a la carta fuerte contra la ex presidenta: que el empresario admita su rol de testaferro de la familia Kirchner.
Un organismo del Poder Ejecutivo, la Unidad de Información Financiera (UIF), pidió ayer la detención de los hijos de Báez y aumentó al máximo la presión sobre el empresario detenido en Ezeiza. El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez para principios de julio, los embargó y les prohibió salir del país pero no accedió a detenerlos.
Los hijos de Báez habían sido considerados por allegados a la causa el límite que puso el empresario para mantener el silencio.
Efecto pinza. La presión se ejerció sobre dos ejes: Báez y el juez. El pedido de la UIF dejó en una difícil situación a Casanello y al fiscal Guillermo Marijuán justo en el momento en que la Cámara Federal analiza si aparta al juez de la investigación (ver aparte). Detrás de la UIF sobrevuela el liderazgo espiritual del fiscal Raúl Pleé, experto en lavado y enemistado con el kirchnerismo.
El organismo antilavado basó su pedido en un informe de inteligencia que ratifica y amplía algo que ya figuraba en la causa desde hace dos años. Esto es que la financiera suiza Helvetic Services Group recibió en 2011 un mandato de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá, para transferir a Suiza unos US$ 20 millones provenientes de Austral Construcciones, y otros US$ 5 millones de la petrolera Epsur SA. Los beneficiarios de esa fundación y de las cuentas en Suiza serían los cuatro hijos de Báez, de acuerdo al informe. Para la Justicia, los fondos provienen de la evasión fraudulenta de impuestos e incluso de los sobreprecios en la obra pública y el pago de sobornos.
Ahora, los hijos del empresario kirchnerista deberán rendir cuentas por presunto fraude fiscal y lavado de dinero. Parte de esos fondos desviados a dos bancos suizos fueron blanqueados a través de la compra de bonos de deuda argentina y repatriados a la cuenta de Austral Construcciones en 2013. El fiscal Marijuán dijo ayer que luego se utilizaron para comprar propiedades. Una clara maniobra de lavado, según la Justicia.
La existencia de esas cuentas no es nueva. El periodista Juan Gasparini las reveló en PERFIL en junio de 2014. La Justicia suiza finalmente absolvió a Báez de las sospechas de lavado y le desbloqueó 15 millones de euros –unos US$ 22 millones–. Ahora el juez y el fiscal negocian con Suiza su colaboración en la causa argentina.
Casanello también decidió citar nuevamente a indagatoria a Lázaro, a su contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco (también arrestados). Además sumó a un nuevo imputado que deberá declarar el 15 de julio: el poderoso financista uruguayo Juan Pedro Damiani.
Fuentes de la causa confirmaron a este medio que el organismo antilavado, la UIF, pidió a la Justicia convalidar los datos aportados a través de un exhorto a Suiza. Ese país ya había informado la existencia de las cuentas pero no había aportado datos precisos.
El nuevo parte de inteligencia financiera ahora aporta la relación precisa de los Báez con las cuentas, los datos bancarios –número de cuenta, fondos– y el rol de los hijos de Báez en la maniobra de lavado. “Resta saber si los suizos van a contestar nuestro pedido de colaboración”, agregó la fuente judicial.
La presentación de la UIF llegó a los tribunales horas antes de que Lázaro Báez se presentara nuevamente ante la Cámara para pedir que aparte al juez Casanello, a quien acusa de “direccionar” la causa en su contra y no investigar la responsabilidad de Cristina Kirchner en la maniobra de lavado.
Quieren verificar si existió la reunión del juez con CFK
Los miembros de la Sala II de la Cámara –Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah– deben tomar dos decisiones centrales para el futuro de Lázaro Báez: si confirman la decisión de ese magistrado de procesar al empresario K por lavado de dinero, y si apartan al juez Casanello de la causa.
Tras escuchar nuevamente a Báez, el presidente de la Cámara Federal, Irurzun, ordenó ayer a la Policía Federal tres medidas para intentar chequear la versión de Lázaro sobre una supuesta reunión entre Casanello y la entonces presidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2015. Báez acusa al juez de “direccionar” la causa en su contra y no investigar a CFK.
La Federal deberá obtener los registros de visitas de la quinta de Olivos durante septiembre de 2015 para verificar si Casanello y Báez coincidieron en la residencia presidencial junto con Wado de Pedro; identificar al mozo que supuestamente presenció los encuentros con la ex presidenta; y al chófer de Cristina que, según Báez, pasó a buscarlo ese día para llevarlo a la reunión.
El magistrado ordenó a la Policía Federal una respuesta urgente, por eso en la Cámara creen que tendrán la información requerida a mediados de la semana que viene.
Sebastián Casanello volvió a desmentir que se haya reunido con la ex presidenta Cristina Fernández en la Quinta de Olivos, como lo viene denunciando Báez.
En el juzgado aseguran que se trata de una maniobra dilatoria de Lázaro Báez para que su causa no llegue a juicio oral antes de fin de año.
