Avanza el proyecto para endurecer las penas por delitos de corrupción
El texto que elaboran el Gobierno, la Corte y jueces prevé cárcel para funcionarios, decomiso de bienes y castiga el enriquecimiento ilícito. Buscarán aprobarlo en el primer semestre.
Impulso. En la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, Macri reclamará la aprobación del proyecto, en el que trabajan el ministro Garavano y Ricardo Lorenzetti. |
Cedoc Perfil
Si Amado Boudou o Julio De Vido hubieran sido investigados este año por enriquecimiento ilícito, probablemente su situación judicial sería más complicada aún. Es que el nuevo Código Penal, que podría ser sancionado en la primera mitad de 2018, supone penas más severas para delitos de corrupción contra la administración pública.
El dato se desprende del borrador que atesora en la mesa de su oficina en Comodoro Py, entre fallos, pedidos de excarcelación y música cubana, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, quien viene trabajando con un grupo de jueces, fiscales, abogados y funcionarios en un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal.
Se trata de una comisión especial de 13 miembros creada por decreto por el Gobierno –e impulsada por el ministro de Justicia, Germán Garavano– que planea, en febrero, terminar su ronda de consultas con la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, una reunión con los jefes de las bancas de la Cámara de Diputados. A fines del año pasado, la comisión se reunió con los senadores Miguel Angel Pichetto y Rodolfo Urtubey, del PJ, y Federico Pinedo, del oficialismo, entre otros, para presentar los lineamientos del primer borrador. De esta forma, podría comenzar a debatirse en el Congreso como parte del temario de sesiones ordinarias cuando el presidente Mauricio Macri brinde su discurso inaugural el 1º de marzo.
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Uno de los interesados en este tema fue el presidente del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien viene estudiando el borrador de manera informal aún.
Tanto para el Gobierno como para los funcionarios judiciales se desprende una palabra clave: “Consenso”. “El Código Penal actual tiene casi cien años (es de 1921), tiene 900 parches y 800 fallos de la Corte”, explica a PERFIL una de las fuentes encargadas del anteproyecto. “Todas las fuerzas políticas tienen que estar de acuerdo en esto, se consultó desde ONGs, pasando por universidades hasta especialistas”, agrega.
Delitos. En este marco, hoy el Código prevé penas relativamente bajas y excarcelables en lo que refiere a delitos de corrupción. Por ejemplo, malversación de caudales públicos (apenas de un mes a tres años), enriquecimiento ilícito (por el cual está detenido Boudou), cohecho (coimas), o negociaciones incompatibles con la función pública (prevé de uno a seis años de prisión). Por ello, en el anteproyecto, al que tuvo acceso PERFIL, se establece un capítulo (el VI) dedicado a los “delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos”.
La escala penal actual es de uno a seis años de prisión y se propone una escala de tres a diez años de prisión. Pero las penas se elevan a cuatro y doce años, respectivamente, cuando el autor de los delitos fuera el Presidente o funcionarios de primera línea.
En lo que refiere a enriquecimiento ilícito, se agrega la figura del testaferro y se amplían los plazos para investigar a un ex funcionario: actualmente hasta dos años después de haber dejado su cargo público puede ser investigado, pasaría a seis años posteriores a la cesación en el cargo público.
En cuanto a los delitos de cohecho o coimas, y tráfico de influencias, el borrador extienden los casos: “Se propone ampliar los supuestos agravados (hoy se limitan a los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público) al caso del presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o secretario de Estado, gobernador, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vicegobernador, vicejefe de Gobierno, intendente, legislador nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal”.
Otros dos puntos claves: se limitan los plazos para hacer correr la prescripción de una causa cuando haya un caso de rebeldía y solicitud de extradición del imputado. El otro caso es que el decomiso de los bienes (similar a la demorada ley de extinción de dominio que duerme en el Senado) que, según el nuevo Código, se podrían incautar para el Estado en caso de que el investigado se dé a la fuga o si está comprobado que los bienes provienen de un ilícito sin necesidad de una condena.
El futuro. Por lo pronto, en un mes, el 7 de febrero, habrá una nueva reunión de los 13 miembros de la comisión, que ya planean un viaje a Mendoza en el marco de una serie consultas con las Justicias locales, que suelen tener una mirada particular sobre cada temática.
La comisión está presidida por Borinsky, y participan actores de pensamientos dispares. Entre ellos, el procurador de Salta, Pablo López Viñals (quien apareció en la nómina de posibles reemplazantes de Alejandra Gils Carbó en el Ministerio Público Fiscal) y Carlos “Coco” Mahiques, camarista y fallido ex ministro de Justicia de Vidal durante la triple fuga.
De parte del Gobierno: la vidalista Yael Bendel (por parte Desarrollo Social), el director de Política Criminal, Carlos González Guerra (Justicia) y Guillermo Soares Gache (Seguridad).
Si bien uno de los impulsores del anteproyecto fue el ministro Garavano (Justicia), en el seno del oficialismo hay quienes dudan sobre estos cambios, en particular en lo que refiere a delitos de corrupción. De hecho, Elisa Carrió denunció supuestas maniobras de encubrimiento para fiscales y jueces federales, como Ariel Lijo, por parte del “Tano” Daniel Angelici.
Esa tensión se hace notar en los diálogos sobre el futuro de Comodoro Py: mientras un sector del macrismo, como Laura Alonso (OA) proponen acotarlo otros quiere acordar paz.
