“Se van a tener que cuidar”. La frase sonó como música para los oídos del presidente Mauricio Macri y pertenece al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien la repite ahora cuando lo consultan sobre el futuro del vínculo entre el Gobierno y los sindicatos.
La nueva postura del oficialismo se verá en el discurso y en la realidad. Los ministerios de Trabajo y de Salud (desde donde se envían fondos a las obras sociales) comenzaron a revisar con lupa las cuentas y los procesos de elecciones de los sindicatos. Se reflejará en las próximas semanas como una mayor intervención gubernamental en la vida sindical. Esta estrategia fue oficializada el miércoles en el Boletín Oficial, un día antes de la huelga, con la disposición 7.E del Ministerio de Trabajo. Allí se dan una serie de “recomendaciones” en cuanto a la elección de representantes y el manejo de los fondos sindicales.
“Les avisamos vía nota que vamos a estar mirándolo con los ojos de la legalidad. Siempre en el Ministerio (de Trabajo) era todo flexible. Los gremios que se portaban bien no los revisaban. Lo que Triaca les dijo es que vayan a una política de transparencia”, aseguran a PERFIL desde la cartera laboral.
Por ahora, en Casa Rosada descartan una reunión con Macri. “No podemos mostrarlo con ellos si fueron al paro para cambiar el modelo económico”, destacan. Se verán por ahora acuerdos puntuales por gremio. En pocas palabras, el diálogo no se cortó ni se cortará. Ayer, de hecho, con el máximo hermetismo, un miembro del triunvirato de la CGT y otro de peso de la central obrera se acercaron a ver a Triaca, apenas horas después de concluida la medida de fuerza. En la CGT no quisieron confirmar quiénes fueron pero en la Casa Rosada afirmaron que “es parte del diálogo diario del ministro”.
Recomendaciones. La nueva política hacia los gremios tiene tres ejes centrales: control e impugnación de candidatos a conducir gremios que tengan causas penales o civiles, mayor control de los estatutos y el cumplimiento del cupo femenino (un 30%) en las listas.
Precisamente, en coincidencia con el primer eje, Omar Viviani fue imputado por apelar a “voltear” los taxis que se opongan al paro. “Es lo que dice la ley, sólo que ahora se va a cumplir”, se atajan en el Gobierno.
El segundo punto se dirige a las denuncias por irregularidades en el manejo financiero.
Y finalmente, el cupo femenino, un mensaje a la mujer del ahora opositor Luis Barrionuevo, la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), quien impulsó la medida como ministra de Trabajo de Eduardo Duhalde.
“Por ejemplo, cuando pidan por una asamblea para elegir autoridades o para definir un proceso electoral, van a tener que seguir una serie de requisitos”, agregan en Trabajo. Por caso, los veedores que aporta la cartera laboral, que validan o consideran nulos, en muchos casos, las propuestas de las líneas internas que se oponen a los eternos caciques.
Los cambios se verán pronto: cuando comiencen a vencer las fechas de los mandatos de cada secretario general y se vean obligados a llamar a elecciones que tienen que ser convalidadas por Trabajo.
La otra pata de la “democratización de los sindicatos” tiene que ver con los fondos para las obras sociales, unos $ 27 mil millones que el kirchnerismo le otorgaba con cuentagotas. En ese marco, el Ejecutivo viene trabajando en una serie de auditorías por cada uno de los sindicatos que arrancaron el año pasado cuando Macri anunció que se les devolverá el dinero adeudado. Triaca tiene en su despacho los informes preliminares: hay sindicatos muy flojos de papeles o con serias irregularidades que piden millones en concepto de deuda. El Presidente sabe cuáles son.
Avanzan con una política de más presión sobre los gremios
