El fiscal federal Carlos Rívolo tenía redactado el pedido de indagatoria contra el vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, confirmaron en exclusiva fuentes del expediente a PERFIL. Era mayo. Le imputaba el presunto delito de negociaciones incompatibles. Boudou nunca llegó a presentarse. Ese mes, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros, apartó al juez Daniel Rafecas de la causa. El expediente quedó a cargo del juez Ariel Lijo y dio un giro en la investigación: busca comprobar, según fuentes judiciales, no sólo las negociaciones incompatibles, sino el resto de las imputaciones al vice.
El criterio de la sala en casos similares fue anular los testimonios de ex cónyuges que declararan contra sus ex parejas con quienes tuvieran hijos. El objetivo, sostienen sus fallos, es proteger el vínculo entre padres e hijos. De seguir este criterio, la Sala I de la Cámara daría a las defensas de Vandenbroele, Boudou y su socio José María Núñez Carmona el as para boicotear la causa Ciccone y dilatar la resolución de Lijo y el actual fiscal, Jorge Di Lello.
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El futuro de la causa depende del “alcance del fallo de la Sala I”, confirmaron tres altas fuentes que intervienen directamente en la investigación.
Alcance. “Para el juez Lijo ninguna de las pruebas obtenidas está basada en el testimonio, por lo tanto no deberían ser anuladas”, contó uno de los consultados. “Pero la Sala I puede tener otro criterio. Puede decir que anula el testimonio y ‘todas las pruebas que se basaron en él’. Y dejar a criterio del juez cuáles son esas pruebas. O puede especificar qué pruebas se anulan, como el allanamiento a la casa de Muñoz en Mendoza”, agregó. Ese allanamiento sería clave en la causa. La defensa sabe que la Justicia secuestró una notebook y una computadora que utilizaba Vandenbroele, que aún no fueron periciadas y podrían contener información clave.
