La semana próxima será clave en la puja de poder que detonó la suspensión del fiscal José María Campagnoli, ya que el juez administrativo federal Pablo Cayssials debe resolver si lo reincorpora a su cargo tras la suspensión impulsada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La oposición denunció que la separación de Campagnoli tuvo como objetivo apartarlo de las investigaciones en torno al empresario Lázaro Báez. Gils Carbó, en cambio, argumentó que el fiscal se había excedido en sus funciones durante la investigación. Pese a que los fiscales Laura Labarthe y Fabián Canda se excusaron de intervenir, uno por ser miembro del ministerio público y otro por ser socio de Asociación de Fiscales que ya tomó postura en el tema tras un duro comunicado contra Gils Carbó, el juez Cayssials asumió la competencia. Ahora se espera que resuelva la medida cautelar en los próximos días, antes de la feria judicial de verano. La defensa de Campagnoli, a cargo del ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray opuso un recurso de amparo la semana pasada y dos medidas cautelares, una para que lo repongan en el cargo y la otra para suspender el proceso de juicio político hasta tanto se resuelvan los planteos de inconstitucionalidad por “vulneración del debido proceso y defensa en juicio”. Paralelamente, un grupo de diputados de la oposición habían denunciado a los miembros del jurado de enjuiciamiento de fiscales que decidieron suspender a Campagnoli. Si Cayssials otorga las cautelares, el fiscal Campagnoli volvería a ocupar su cargo de manera inmediata hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Caso contrario, su defensa analiza presentarse ante la Cámara o, a través de un per saltum recurrir a la Corte Suprema. El argumento para sortear los pasos anteriores e ir a la máxima instancia sería la “gravedad institucional” que revistiría la decisión, según explicó Irigaray. Un fuero adverso. Los antecedentes dan poca esperanza a Gils Carbó. Cayssials ya falló en junio pasado contra la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, uno de los puntos centrales de la reforma judicial que el Gobierno impulsó sin éxito. No todo se limita al juez. El fuero administrativo federal también fue una usina de fallos adversos para el oficialismo. Desde su interior, a través de un fallo de la jueza María José Sarmiento, el fuero frenó momentáneamente en 2010 la separación de Martín Redrado del Banco Central. En septiembre pasado, otra magistrada del fuero, Liliana Heiland, suspendió el desalojo de la empresa chilena LAN de los hangares del Aeroparque Metropolitano que dispuso el Estado a través del ORSNA. En mayo, cuatro salas del fueron dejaron sin efecto las sanciones que había impuesto el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno a un grupo de consultoras que tenían sus propios índices de inflación. Si los antecedentes del fuero se ratifican en el fallo de Cayssials, el fiscal Campagnoli podría albergar esperanzas de recuperar su puesto, al menos temporalmente
