La defensa de CV señaló que trata de una " medida ilegal y arbitraria, que no tiene antecedentes" y que "busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas".
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En rigor, el comunicado indicó que "con esta medida, el Gobierno pretende anular la competencia en la prestación del servicio de Internet, favoreciendo sospechosamente a las compañías telefónicas de capitales extranjeros que ostentan un claro monopolio, en desmedro de una compañía nacional". CV se refiere a Teléfonica, competidor directo de Fibertel en la prestación de servicio de Internet ADSL.
A su vez, CV consideró que "la inédita resolución revela una brutal actitud de hostigamiento contra una empresa (...). Pero además, implica una gravísima penalización a los clientes y a los consumidores, al pretender restringirles su libertad de elección y convertirlos en rehenes de una persecución".
La prestadora de cable de Clarín también se quejó de cómo se enteró de medida oficial. "Como ya viene sucediendo con otras medidas ilegales del Gobierno, Cablevisión tomó conocimiento de la misma por una conferencia de prensa, en este caso del ministro Julio de Vido. Sin dudas, se trata de un nuevo y gravísimo capítulo dentro la escalada, cada vez más totalitaria, de ataques del Gobierno contra las empresas del Grupo Clarín", indicó.
Por eso, CV anunció que "impugnará de inmediato este nuevo avasallamiento a sí misma y a sus clientes. La medida no tiene sustento legal ni fáctico alguno" y por eso confirmó que " seguirá brindando con normalidad el servicio de Internet mientras defiende en todas las instancias correspondientes sus derechos y los de sus clientes". Finalmente, agregó que "CV ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, tanto en el fuero civil como penal".
