POLITICA
UN CASO CLAVE PARA MACRI

La causa Correo Argentino vuelve a cambiar de fiscal

Gerardo Pollicita renunció a la suplencia en la fiscalía que interviene en el expediente penal contra el Presidente y sus funcionarios. Asumirá su colega Eduardo Taiano.

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A la izquierda, el fiscal Eduardo Taiano, quien tomará la causa. A la derecha, el fiscal Gerardo Pollicita, que la deja en manos de su colega. | Cedoc

El fiscal federal Gerardo Pollicita renunció a la subrogancia de la fiscalía federal número 8 de los tribunales de Comodoro Py 2002, informaron fuentes judiciales y oficiales a PERFIL. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, designó en su lugar al fiscal Eduardo Taiano, quien asumirá el control de la fiscalía del caso Correo a partir de mañana y ya es el tercer fiscal penal de esta causa en el último año.

La causa penal por el caso Correo Argentino SA tendrá un nuevo fiscal a partir de mañana. El expediente es uno de los más sensibles para el Gobierno, ya que se investiga si el presidente Mauricio Macri, sus funcionarios y los representantes de la empresa negociaron un acuerdo a favor de la familia presidencial y en contra del Estado. Este caso le valió la primera citación a indagatoria de un ministro de Macri por presunta corrupción.

Pollicita notificó que renunciaba a seguir subrogando la fiscalía del caso Correo hace alrededor de dos semanas, debido a la carga de trabajo acumulado entre las dos fiscalías a su cargo. En un principio, su suplencia iba a ser por cuatro meses y terminó siendo por un año. En la Procuración dijeron a PERFIL que Taiano fue elegido por Casal en base a “la carga de trabajo, causas en conflicto y subrogancias anteriores” de los fiscales de Comodoro Py.

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Antes de irse, Pollicita firmó dos dictámenes en el expediente: rechazó dos planteos de la defensa de dos de los indagados. El director de Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la compañía Jaime Kleidermacher habían pedido al juez federal Ariel Lijo que anule su citación a indagatoria y dicte su sobreseimiento por inexistencia de delito. La defensa del abogado y el ejecutivo de la empresa de la familia Macri sostiene que “la quita (de la deuda acordada con el Gobierno de Macri) rondaría entre el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %”.

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Taiano deberá ahora analizar el nuevo dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin, quien interviene en el fuero comercial. La funcionaria dictaminó el jueves que a más de dos años de que el mandatario ordenara volver “a foja cero” en el caso, la negociación por el pago de la deuda al Estado sigue trabada y plagada de irregularidades. El fiscal deberá decidir si abre un nuevo capítulo de la investigación por presunto fraude a los acreedores privados de la compañía y si solicita los procesamientos de los indagados en la causa penal.

Antecedentes. Pollicita, titular de la fiscalía federal número 9, había asumido en la fiscalía 8 en abril de 2018, luego de que Casal desplazara a quien se desempeñaba en ese momento en el cargo: Juan Pedro Zoni. La decisión del jefe de los fiscales causó malestar en un sector del Poder Judicial. Zoni había impulsado en 2017 la investigación contra Macri y sus funcionarios y acababa de presentar en la causa un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que apuntaba a supuestas irregularidades por parte de los miembros del Ejecutivo en el caso Correo.

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En diciembre, Pollicita solicitó al juez que indague al ministro de Defensa, Oscar Aguad, por su rol en la cartera de Comunicaciones; a su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y a los representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo en junio de 2016. Fueron indagados por el juez Ariel Lijo en marzo. El magistrado aún no resolvió si los procesará como autores y partícipes de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

Ese pacto, que implicaba una quita del 98,87 % de la deuda de la empresa de los Macri con el Estado, fue calificado como "abusivo" y "perjudicial" para las arcas públicas por Boquin. El dictamen de la fiscal hizo caer en febrero de 2017 el acuerdo y originó la causa penal en los tribunales de Retiro.

ED EA