La Unión de Consumidores de Argentina se pasó cuatro años en una acalorada batalla judicial contra la empresa Pan American Energy (PAE), de la cual una parte pertenece a la familia Bulgheroni, y contra el Estado para que se declare la nulidad del contrato de explotación del yacimiento petrolífero Cerro Dragón hasta 2047 que posee la compañía. Sin embargo, sin mediar ninguna novedad judicial, la entidad de consumidores decidió repentinamente desistir de la denuncia.
Así lo publicó el diario La Nación mediante una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, que se percató de este inesperado giro en la causa sobre el cierre del año judicial sobre uno de los expedientes más sensibles que se tramitan en la Corte Suprema.
Luego de batallar durante cuatro años en tribunales contra PAE, el Estadio nacional -en particular, el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido -, la Universidad Nacional de Cuyo y la provincia de Chubut, la unión de consumidores pasó de considerar que la concesión y su prórroga atentaban contra el interés público y los derechos de los argentinos, ahora sostuvo que cambiaron "las condiciones" y se bajó de la pelea judicial.
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Lo curioso es que esta sorpresiva actitud llegó sin que hubiera ninguna novedad en el expediente que complicara las chances de la entidad. Pero el 27 de diciembre los consumidores se presentaron con una nueva abogada y, en la asamblea, se aprobó por unanimidad desistir del reclamo, porque "las condiciones al momento de la interposición de la demanda a hoy han variado".
Esto llamó la atención en la Corte Suprema que, si bien aceptó la presentación de la abogada, pidió que aclare "debidamente el desistimiento", para evitar confusiones en un expediente que debe analizar una operación que la entidad había definido como "uno de los contratos más grandes de la historia", para luego cifrarlo en US$ 100.000 millones.
"La nueva comisión directiva fue elegida el 3 de diciembre y decidimos revisar todos los procesos en curso", indicó a La Nación la nueva presidenta de la Unión de Consumidores, Adriana Malek.
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En PAE, según consignó el medio citado, la novedad resultó una noticia inesperada: "Si desistieron, bienvenido sea. Acá [por PAE] no vamos a aflojar, pero si desistieron, mejor así".
En los tribunales, la entidad deberá clarificar en febrero cuál es el alcance de su decisión -si solo se baja de ese expediente o de todo su reclamo por Cerro Dragón- y luego la Corte definirá si acepta el desistimiento o se limita a rechazar su competencia originaria, lo devuelve al juzgado de primera instancia y que allí se resuelva el planteo de la entidad.
La causa Cerro Dragón: En abril de 2007, el gobierno de Chubut firmó un contrato con PAE -integrada por Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni y British Petroleum-, y le otorgó una prórroga para explotarlo hasta 2027, con compromisos para llevarlo hasta 2047. Ese acuerdo original de 2007 acumuló denuncias en la Argentina, lo que derivó en una investigación que quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y en Estados Unidos, donde British Petroleum, denunció ante la Comisión de Valores (SEC) el presunto pago de sobornos al negociar y firmar ese contrato.
"La autodenuncia de British Petroleum ante la SEC es una confesión expresa de la existencia de actos de corrupción que agregaron toxicidad a un contrato de concesión de un bien no renovable", afirmó el entonces presidente de la Unión de Consumidores, Fernando Blanco Muiño, quien reclamó la creación de una comisión investigadora.
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PAE siempre sostuvo que se trató de algo muy distinto. Por eso, afirmó que la ofensiva de la Unión de Consumidores y otros denunciantes respondía a intereses ocultos -entre ellos, el empresario kirchnerista Cristóbal López-, deseosos de sacar alguna tajada multimillonaria del yacimiento Cerro Dragón, consignó La Nación.
De hecho, la batalla en los tribunales incluyó pesos pesados, incluidos los abogados. Así, por la Unión de Consumidores, en un primer momento se presentaron los exministros Jorge Vanossi y Roberto Dromi, en tanto que por Carlos Bulgheroni apareció León Arslanian.
En Washington, la denuncia de British Petroleum llevó a la SEC a iniciar una investigación junto al Departamento de Justicia, en la que declararon Manzano y ejecutivos de PAE. Pero con el paso del tiempo se archivaron las actuaciones, aunque no de modo definitivo, según indicaron fuentes estadounidenses consultadas por el medio citado.
En Comodoro Py, por su parte, todos los acusados negaron cualquier irregularidad o delito en las negociaciones, y en julio de 2017 Canicoba Corral sobreseyó a José Luis Manzano, Jorge Alberto Aidar Bestene, Walter García Moreno y Ricardo Mallo Huergo.
En mayo pasado, Canicoba Corral indagó al director de YPF por Chubut, Néstor di Pierro, quien desmintió a un testigo que dijo haberlo escuchado relatar que la supuesta coima habría ascendido a US$40 millones, de los que US$27 millones habrían sido para el fallecido gobernador Mario Das Neves y otros US$13 millones para funcionarios provinciales. Di Pierro confirmó la existencia de aquel encuentro, ocurrido a mediados de septiembre de 2013, pero negó haber dicho algo así.
ED/EA
