POLITICA
Corrupción

Obra Pública K | Cristina, Lázaro y De Vido apelaron sus procesamietos

Todos los demás imputados en la causa hicieron la misma presentación.

Cristina Kirchner Dama Antigua Temes
Dibujo de Temes | Pablo Temes

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario detenido Lázaro Báez, el exministro de Planificación, Julio De Vido y otros imputados en la causa por las supuestas irregularidades millonarias en la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo, apelaron hoy sus procesamientos dictados a fines del año pasado por el juez federal Julián Ercolini.

Desde la acusación, apeló el fiscal Gerardo Pollicita, quien se opuso a la falta de mérito que favoreció a Abel Fatala, quien fue subsecretario de Obras Públicas.

En relación con la exmandataria, el escrito de apelación fue presentado por su abogado, Carlos Beraldi, directamente ante el magistrado para su posterior elevación a la Cámara Federal, la cual está integrada por los jueces Jorge BallesteroEduardo Freiler y Leopoldo Bruglia, según consignó la agencia DyN.

Si bien no trascendió aún el texto, allí argumentó que no existió una asociación ilícita y que ella, particularmente, no tomó parte en las decisiones de adjudicación de obra pública sino que se respetó un mecanismo establecido en las leyes de adjudicación de contrataciones por parte del Estado.

El caso. En la última semana de diciembre de 2016 la Fernández de Kirchner y otra docena de imputados fueron procesados por "asociación ilícita y administración fraudulenta agravada" y embargados por diez mil millones de pesos. Entre ellos figuran el detenido ex secretario de Obras Públicas José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.

La expresidenta fue embargada por 10.000 millones de pesos. A criterio de Ercolini, CFK tuvo "un rol preponderante" y junto a otros exfuncionarios, llevaron adelante un "acuerdo de voluntades; en este caso, tendiente a apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial en una provincia, Santa Cruz".

En cuanto a la manera en que la exmandataria formó parte de esa presunta maniobra, el magistrado sostuvo que "habría omitido su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en su función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".