Si hay algo que está claro dentro del Gobierno es que el futuro de Telefe depende de Cristina Kirchner. Es una certeza en la cúpula del Ejecutivo y lo confirman en los despachos más importantes de la Casa Rosada. La Presidenta en persona decidirá sobre la legalidad del Grupo Telefónica, que podría ser obligado a desprenderse de su señal insignia de TV abierta. Por eso el tratamiento de la situación del grupo, que estaba planificado para mediados de febrero, terminó postergándose para fines de marzo, o incluso abril. Algunas versiones sostienen que la jefa de Estado estaba esperando terminar de negociar la propuesta que le hizo a Repsol luego de la expropiación de YPF. Firmado el acuerdo, ahora podría avanzar con la empresa de medios de capitales españoles sin empastar las negociaciones. Formalmente, dentro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aseguran que el tema podría tratarse en la reunión de directorio del 17 de marzo, pero no lo dan como seguro. “Seguimos analizando cuestiones técnicas”, responden. Y sorprende, porque el plan de “adecuación” de la empresa se presentó en diciembre de 2012, en el marco del sepultado 7D. Pasaron 15 meses y casi no hay novedades. Ayer, durante la apertura de las sesiones ordinarias, uno de los directores de Telefe cruzó una amena charla con Claudio Schifer, uno de los directores de la Afsca. Estaban presentes también empresarios de canales y diarios oficialistas. Dejaron trascender que sólo hablaron de la nueva programación del canal. Una versión poco verosímil para la expectativa que hay dentro del medio sobre el futuro de sus 1.700 empleados. Mejor suerte tuvo el Grupo Clarín, que logró que le aprobaran su plan en tiempo récord. Ahora el multimedios se embarca en una ingeniería jurídica-contable para ver cómo presentará a los “nuevos dueños” de la las unidades que decidirá “vender”. Aseguran que están buscando a los compradores, pero no niegan que la empresa podría dividirse entre sus accionistas actuales. Casualmente, el Grupo convocó para el 19 de marzo una asamblea extraordinaria en la que se tratará el plan de adecuación que aprobó la Afsca. En el Gobierno creen que después de esa fecha el multimedios presentaría a los “nuevos” accionistas de las unidades en las que se dividirá la compañía. Pero la realidad es que Clarín debería convocar otra asamblea de accionistas para aprobar internamente las nuevas cabezas de sus empresas. Un lapso que durará meses y que tiene como plazo al menos 180 días. Es difícil que haya certezas hasta después de que haya pasado el mundial.
