Desde Río Gallegos
La presidenta Cristina Kirchner votará hoy en Río Gallegos, una ciudad sitiada por gendarmes y prefectos, envuelta en un conflicto gremial que lleva más de 130 días. Empezará así el proceso de elección de su sucesor. Después de 12 años, no habrá un Kirchner aspirando al sillón de Rivadavia en el cuarto oscuro.
De 2003 a 2011, el Frente para la Victoria se consolidó como fuerza electoral: pasó de tener 22% de los votos, al 54,11% en el último comicio general. Sufrió duros traspiés en las elecciones intermedias de 2009 y 2013. Hoy se comenzará a develar cómo está parada esa fuerza de cara a la general de octubre.
Por primera vez, el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, se postula como candidato. Irá por una banca en el Congreso nacional en representación de Santa Cruz. Su rival surgirá de la interna entre el ex intendente radical de Gallegos, Héctor Roquel, y el ex ministro de Economía de Daniel Peralta, José Blassiotto. El hijo de la Presidenta será el único que llevará la boleta de Daniel Scioli y Carlos Zannini.
Pago chico. La elección en la provincia kirchnerista está teñida por el reclamo sindical. Ayer, los trabajadores le dieron un ultimátum al intendente Pablo Grasso hasta mañana para que pague los salarios adeudados de julio. Caleta Olivia, la segunda ciudad en importancia en la provincia, también se mantenía en huelga. Pero la tensión aflojó al menos por 24 horas, que son cruciales porque en ese tiempo se desarrollará la elección. No hay cortes de calles ni quema de gomas, a excepción de una presencia mínima de sindicalistas en la puerta del Palacio municipal.
El viernes, 200 gendarmes llegaron desde Caleta Olivia a Río Gallegos para reforzar la seguridad, sobre todo, por la presencia de la jefa de Estado. Escuelas y centros de votación estaban hasta anoche custodiadas por los uniformados. Se esperaba mayor presencia en las calles a partir de hoy.
Hasta ayer, el conflicto había sido muy violento. Incluso el viernes, los dirigentes bloquearon el acceso a la Municipalidad e impidieron la salida de personal que estaba trabajando durante varias horas. El juez de primera instancia, Francisco Marinkovic, amenazó con declarar la huelga “ilegal”. El principal problema es que la comuna no puede recaudar sus recursos propios por el paro, que lleva tres meses. Entonces, tiene menos ingresos para hacer frente a los salarios y aún menos para otorgar el aumento que solicitan los sindicalistas. Una ayuda extra del gobierno nacional se vuelve crucial para resolver el conflicto.
La Casa Rosada envía mensualmente 400 millones de pesos a la provincia, para destinarlos al pago de haberes. Esta vez la suma no alcanza. Con sus dos ciudades principales en crisis económica, el Frente para la Victoria se someterá a las urnas y Máximo, el hijo presidencial, debutará como candidato.
