Coimas en el Senado: juicio oral para 9 imputados

El juez federal Daniel Rafecas decretó esta noche la clausura parcial de la instrucción que lleva a cabo y dispuso la elevación a juicio oral de un tramo de la causa por el pago de sobornos en el Senado, en 2000, para la aprobación de la ley de reforma laboral.

Fuentes tribunalicias señalaron que el magistrado dio por agotada la instrucción respecto a Mario Pontaquarto, el "arrepentido" que posibilitó la reactivación del expediente; el ex jefe de la SIDE delarruista, Fernando de Santibáñes, y al ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, entre otros.

Rafecas también cerró la investigación en torno a los ex senadores justicialistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Augusto Alasino, Ricardo Branda y Remo Costanzo y el radical José Genoud, procesados por cohecho ("activo" los que pagaron las coimas y "pasivo" quienes las cobraron).

Si bien el "auto de elevación a juicio" no es apelable, las defensas podrían interponer nulidades y otros planteos -y de hecho se estima que lo harán-, lo que haría necesaria una nueva intervención de la Cámara Federal, motivo por el cual se estima que no sería inminente la efectiva realización del juicio oral.

El escándalo de “ las coimas en el Senado” comenzó a debilitar el gobierno del ex presidente Fernando De la Rúa hace siete años y tuvo una consecuencia directa e inmediata: la renuncia del por aquel entonces vicepresidente de la Nación, Carlos “Chacho” Alvarez:

En su resolución de más de 70 carillas, a la que la agencia oficial Télam tuvo acceso, el juez analizó pormenorizadamente la situación de los tres ex funcionarios y seis ex senadores a los que oportunamente procesó por el pago y el cobro de las coimas, en una medida luego confirmada por la Cámara Federal.

En otro segmento del expediente -donde el imputado es el ex presidente Fernando de la Rúa- el juez está abocado a la realización de una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa del ex Jefe del Estado en forma previa a resolver su situación procesal, es decir si también lo procesa, lo sobresee o dicta su "falta de mérito".

El juez señaló que el fiscal Federico Delgado imputó a De Santibáñez, Flamarique, Genoud y Pontaquarto "haber ofrecido el pago de una suma de dinero para que funcionarios públicos hagan algo relativo a sus funciones" y que ese ofrecimiento estuvo dirigido, en concreto, a Cantarero, Alasino, Costanzo, Tell y Branda.

De acuerdo a la acusación fiscal, los entonces senadores justicialistas "recibieron la suma total de cuatro millones trescientos mil pesos para que a través de su apoyo se lograra la sanción del proyecto de Ley que resultó aprobado por la Cámara Alta el 26 de abril de 2000", en tanto a Genoud se le dieron los 700.000 pesos "remanente del dinero entregado a Cantarero el día anterior".

Respecto del pedido de elevación a juicio efectuado por Delgado, el juez dijo que tiene "cierta originalidad de su exposición que podría desorientar a quienes se apegan en demasía a ciertos formulismos procesales", y que ese trabajo "se ve jalonado de referencias probatorias, históricas, políticas, así como de las valoraciones y desarrollos lógicos a través de los cuales fue encadenando su relato".

El juez recordó que el expediente lleva más de seis años de trámite y analizó minuciosamente todas las pruebas reunidas hasta el momento (testimoniales, periciales, documentales) y los argumentos acusatorios de Delgado, del titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, y del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quienes actúan como querellantes.

Las hipótesis de los defensores de los ex funcionarios y legisladores acusados también fueron desmenuzadas por el magistrado, quien rechazó las presentaciones que pretendían "nulificar los requerimientos de elevación" de esta causa en la que se investiga todo lo acontecido entre el 4 y el 27 de abril del año 2000.

Varios tramos están dedicados a la reunión que se habría mantenido en la Casa Rosada el 4 de abril, cuando ante una expresión acerca de "otras cosas" que necesitarían los legisladores peronistas para aprobar la norma, De la Rua habría dicho que "eso hay que arreglarlo con Santibáñez", una expresión que el ex Jefe del Estado niega categóricamente haber pronunciado.
"Un párrafo aparte merece dejarse a salvo la sospecha de que en este encuentro hubiera participado el entonces Presidente ya que este extremo se encuentra pendiente de esclarecimiento en el marco de conocimiento dado por las actuaciones que prosiguen instruyéndose ante este Juzgado respecto del nombrado, actualmente indagado", explicó el magistrado.

El fiscal estima -recordó el juez- que se podrá demostrar, en el juicio oral, que en esta misma fecha Genoud y De Santibañes acordaron la entrega de dinero que se efectuaría a Pontaquarto en la SIDE "considerando que fue éste el contenido de la conversación telefónica que habrían mantenido ese día, conforme los listados telefónicos incorporados a la causa".

"Ante la inexistencia de elementos o argumentaciones que permitan una variación significativa del juicio de provisoria incriminación ya emitido en la causa, el balance entre la imputación, la confesión y las diversas alternativas de justificación ensayadas, ha de permanecer inclinado hacia un elevado grado de probabilidad que el hecho haya acontecido en las circunstancias" descriptas, sostuvo Rafecas.

El magistrado concluyó que "los puntos de discrepancia que se hayan suscitado entre la acusación y la defensa, han de encontrar un ámbito propicio para su definitivo esclarecimiento, en el marco de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad, propio de la próxima etapa del proceso".