Los supuestos sobornos pagados por las empresas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa a ex funcionarios kirchneristas para obtener y mantener la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento se habrían pagado en dos etapas distintas, entre 2005 y 2014. Así lo sostuvo el fiscal Franco Picardi en un dictamen en el que solicitó que se procese a los empresarios y ex funcionarios involucrados por supuesto cohecho, incluyendo a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
La primera etapa en el esquema de las coimas fue previa a la adjudicación del contrato y los pagos ilegales se habrían consumado a través de Iecsa y la española Comsa. Ambas empresas realizaron “pagos indebidos” por una consultoría “inexistente” con la empresa “fantasma” Caesa SA, de Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En esa oportunidad, los pagos ascendieron a casi un millón de pesos. Vázquez es el único arrepentido local de este caso. Aceptó ante el fiscal haber sido intermediario de los sobornos pero su declaración aún no fue homologada por el juez.
La segunda etapa de los presuntos sobornos comienza cuando la obra ya había sido adjudicada y, de acuerdo al fiscal, “el esquema de pagos ilícitos se sofisticó”, utilizando empresas offshore para la triangulación de dinero dirigido a los funcionarios. Eso incluyó nuevos pagos de Odebrecht a la consultora de Vázquez.
Tras la salida de Jaime de la Secretaría de Transporte, el esquema habría cambiado algunas piezas: el entonces secretario de Obras Públicas, José López, y el funcionario Roberto Baratta pasaron a ser los supuestos receptores de coimas mientras que el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez habría asumido el rol de intermediario.
“Se logró determinar la fuga de casi US$ 5 millones” desde una cuenta manejada por Iecsa en Buenos Aires hacia el Principado de Andorra (paraíso fiscal) “a través de la utilización nuevamente de un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación y la empresa española DSC (utilizada por Odebrecht en toda la región para el pago de sobornos)”, sostuvo la fiscalía. El supuesto contrato era para que DSC, con sede en Madrid, prestara asistencia técnica en la ejecución de los planos de ingeniería de la obra que se iba a realizar en Buenos Aires.
Esta maniobra fue advertida por la AFIP, como reveló PERFIL en 2018. El fisco incluso denunció a las empresas por presunta evasión, según consta en el dictamen. Calcaterra, en cambio, sostuvo ante el juez que la firma española elaboró planos para la obra y prestó servicios reales. Martínez De Giorgi le dio la razón pero el fiscal sostiene que “nunca existió ninguna prestación de servicios por parte de la empresa española” y que el contrato fue una pantalla para enviar dinero destinado a sobornos.
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Picardi criticó que Iecsa haya presentado “fotocopias (del contrato con DSC) sin sus originales ni otra documentación original de respaldo, y sin una clara descripción de cómo, en qué momento y con qué personal se habrían realizado los trabajos pactados por las partes”, y que estas fotocopias solo hayan aparecido tras la denuncia de la AFIP en 2018. Además, resaltó que a pesar de haber pagado a DSC casi US$ 5 millones, no cuentan “con los originales de planos relativos a trabajos que todavía no habrían finalizado”.
Ese dinero supuestamente fugado a Andorra “tuvo como destino una financiera en la República Oriental del Uruguay, donde habría sido retirado en efectivo”, explicó la fiscalía. Es en este punto que el fiscal involucra al empresario Corcho Rodríguez como intermediario entre los ex funcionarios López y Baratta. Los pagos se habrían blanqueado a través de la firma uruguaya Sabrimol Trading SA (perteneciente a Rodríguez).
H.B.
