El Congreso intentó durante los últimos veinte años avanzar en la discusión de bajar la edad de imputabilidad pero el tema nunca pudo llegar al recinto debido a la falta de acuerdo político, en tanto ahora la cuestión volverá a reactivarse con el proyecto que el Gobierno enviará al Parlamento para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, y que incluye una baja de 16 a 15 años en la edad para ser imputado por delitos graves.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este lunes que el Gobierno enviará al Congreso, para debatir posiblemente en sesiones extraordinarias, un proyecto para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves y que contempla un régimen social y educativo para que el menor no cometa delitos nuevamente.
Si bien el Ministerio de Seguridad junto al de Justicia trabajaban desde hace dos años en un proyecto para establecer un Régimen Penal Juvenil, que incluía una escala de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años (dos años menos que la edad actual) para delitos realmente graves, como homicidios, violaciones y eventualmente delitos de robos con armas, el proyecto del Gobierno finalmente fija en 15 años la edad de imputabilidad.
Baja de edad de imputabilidad: el Gobierno tendría listo su proyecto de ley
Luego de dos años de trabajo con expertos en el tema, se acordó dejar en 15 años la edad de imputabilidad e incluir un régimen social, educativo y terapéutico para que los menores no vuelvan a delinquir, para lograr mayores consensos a la hora del debate en el Parlamento, reconocieron fuentes del Gobierno que se refirieron al tema, según consignó la agencia Télam.
Se trata de un debate que resurge cada vez que se produce una seguidilla de delitos cometidos por menores y que se había reavivado a principios de 2017 luego del asesinato por parte de un menor del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores. Sin embargo, y a pesar de varios intentos por parte de diferentes gestiones, las discusiones sobre la baja de imputabilidad a menores siempre se trabaron en el Congreso por las divisiones políticas -que atraviesan a la mayoría de los bloques parlamentarios- y judiciales sobre esta materia.
Sólo el Senado pudo aprobar en 2009 un proyecto para bajar la imputabilidad, pero luego se empantanó en Diputados por las críticas de los legisladores kirchneristas, del radicalismo, la izquierda y del socialismo, y el proyecto perdió finalmente estado parlamentario.
En la actualidad hay al menos una docena de proyectos en Diputados para establecer un nuevo régimen penal juvenil, aunque sólo tres proponen bajar la edad de imputabilidad a los catorce años, que fueron elaborados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el salteño Alfredo Olmedo y la puntana Ivana Bianchi.
Las divisiones en torno a la cuestión atraviesan a diferentes bloques, que incluye a Cambiemos, el Frente Renovador y el kirchnerismo, donde en 2013 el entonces candidato a diputado bonaerense por el FPV-PJ e intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad y tuvo que soportar duras críticas de sus pares.
Más posturas. En ese marco, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, expresó su opinión una entrevista con Perfil y entiende que es una deuda de muchos años.
Por otra parte, el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, sostuvo que el Gobierno busca un "consenso fuerte" en torno al proyecto del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil y que para lograrlo está "dispuesto a negociar" con diferentes sectores.
El funcionario admitió: "El tema más álgido, no se si el más importante, es el tema de la edad" de imputabilidad, que el borrador del proyecto oficial fija en 15 años, en lugar de los 16 años actuales, que rige para delitos graves. Asimismo, señaló en declaraciones a radio La Red que actualmente se aplica un decreto ley de la época de la dictadura "que no se ocupa de prevención del delito, ni garantiza derechos y garantías de los sujetos dentro de un proceso penal".
"Es una deuda pendiente de la democracia", concluyó a la vez que lamentó que "muchos sectores pretendían dejar todo como está" para evitar entrar en polémicas.
F.D.S./ C. P.
