El nombre de Rodolfo Canicoba Corral era uno de los que figuraban en la lista negra de los jueces que el macrismo no quería en tribunales. Corrían los primeros meses de la gestión Cambiemos y se insistía en la pretendida “depuración” de la Justicia, pero eso comenzó a cambiar entre el último trimestre de 2016 y el primero de 2017. Tras esos meses, el nombre de Canicoba salió de esa lista.
Fue luego de dos gestos hacia el oficialismo. El primero, en septiembre de 2016, cuando ordenó la detención de Omar “el Caballo” Suárez, ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y señalado como uno de los sindicalistas preferidos de Cristina Kirchner. El segundo, a comienzos de 2017, cuando sobreseyó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por una serie de transferencias a su cuenta en Suiza por parte de un operador de Odebrecht.
Canicoba Corral tiene trayectoria judicial y cintura política. Juez desde 1993, tiene 72 años y entró al Poder Judicial bonaerense cuando estudiaba Derecho. En los 90 llegó a ser asesor del Ministerio de Justicia, y en 1993, con la designación de Carlos Menem y el acuerdo del Senado, se convirtió en titular del Juzgado Federal Nº 6. Poco después, Domingo Cavallo lo acusó de ser uno de los jueces de la famosa servilleta de Carlos Corach.
Durante el kirchnerismo, recibió la causa más importante: la del atentado terrorista a la AMIA. Allí, en 2006, ordenó la captura de los involucrados iraníes, en línea con lo que había pedido el fiscal especial del expediente, Alberto Nisman. Pero en enero de 2015, cuando el fallecido fiscal presentó su denuncia contra CFK y varios entonces funcionarios, Canicoba se despegó de él. Y rápidamente señaló que Nisman había empezado una investigación paralela.
Apenas unos meses después, Canicoba recibió una buena noticia. Su hijo Emiliano se convirtió en juez federal de San Martín luego de que la ex presidenta eligiera su nombre en la terna que había sido enviada desde el Consejo de la Magistratura.
El último año, el caso del Caballo le deparó varios dolores de cabeza a Canicoba. Uno de ellos se dio cuando la hija del sindicalista, Lorena, denunció a un secretario del magistrado de haberle pedido medio millón de dólares para conseguirle la prisión domiciliaria a Suárez. El caso está abierto en el juzgado de María Servini; en tanto, el secretario dio un paso al costado en la causa del SOMU.
En medio de varios cruces respecto de la salud del sindicalista, el beneficio de la detención domiciliaria finalmente le fue otorgado. Fue el último día hábil de 2017, cerca de la medianoche, en los ya desiertos tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, no fue Canicoba quien firmó la medida sino su par Luis Rodríguez, quien lo subrogaba mientras él ya vacacionaba en Punta del Este. La maniobra, que fue apelada por el fiscal del caso Gerardo Pollicita, podría ser revertida mañana por la Cámara Federal de Apelaciones.
Canicoba supo tener varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, pero de momento solo le quedan dos. En abril del año pasado llegó una en un sobre, que los miembros del organismo remitieron a la Justicia. Allí, tres hombres del SOMU lo acusaban de haber cobrado un millón de dólares para beneficiar a Suárez. Pero el caso tuvo una particularidad porque los supuestos denunciantes negaban haber hecho esa presentación. El fiscal Jorge Di Lello impulsó la causa por presunto cohecho y pidió varias medidas. Entre ellas, averiguar datos de Canicoba, su mujer y dos sociedades uruguayas, presuntamente ligadas al pago. Por entonces, el magistrado desmintió categóricamente el tema.
Descanso en la zona más exclusiva de José Ignacio
José Ignacio fue durante años lo más exclusivo de Punta del Este. Con el colapso de los miles de turistas que llegan a diario a ese paraíso cool, los más afortunados buscan desconectarse hacia el norte del antiguo pueblo de pescadores. Hasta esa zona se dirigió el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en busca de refugio.
El magistrado se instaló junto a su esposa en una casa de 450 metros cuadrados del country Santa María de los Médanos, más conocido en la zona como Club de Mar.
El living tiene un amplio ventanal de doble altura, con una imponente vista al mar. La suite principal, con baño con hidromasaje, también posee un balcón con una vista privilegiada a la Playa Brava de José Ignacio.
De estilo racionalista y construida en dos plantas, la casa cuenta con una superficie total de 1.350 metros cuadrados, donde se destacan también su jardín con palmeras, una amplia piscina y parrilla.
Está publicada a la venta en inmobiliarias de Punta del Este a un precio de 1.800.000 dólares y, según referentes del mercado, el alquiler que pagaría Canicoba Corral superaría los 25 mil dólares mensuales.
El juez federal hizo su descargo en Clarín y dijo que es su esposa, la abogada Ana María Viviana Tejada, quien alquila la casa, y aclaró que como magistrado gana más de diez mil dólares por mes.
