Con los Kirchner, la inversión en la minería creció el 1.100%
Política de Estado o fortaleza del lobby minero. El 90% de los emprendimientos pertenece a
holdings extranjeros. La joya del sector es San Juan.
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Cedoc
La industria que nació con la civilización humana, la que extrae de la tierra la materia prima con la que se produce casi todo lo que nos rodea, es una de las más rentables del mundo. Según datos del Metals Economic Group (MEG), en 2008 se registró el récord mundial de inversión en exploración minera, con 12.600 millones de dólares. La crisis financiera contrajo el 42% la inversión, pero se espera para 2010 una recuperación de la actividad a nivel global. Canadá –recibe más de 50 mil millones de dólares por las operaciones de sus empresas en el extranjero– y Australia son líderes en minería, alcanzando respectivamente 1.170 millones y 951 millones de dólares en 2009 en concepto de inversiones en exploración. El destino más importante de estas inversiones en el ’08 fue Perú, trepando del sexto al tercer lugar en el ranking, con una cifra cercana a los 520 millones de dólares, consolidándose como el segundo productor mundial de cobre, muy cerca de Chile, número 1 indiscutido, y es el sexto productor internacional de oro y el primero en América latina. La dimensión de este boom la da el valor de sus exportaciones mineras de ’09, que alcanzaron los 16.010 millones de dólares, el 60% del valor total de sus ventas al exterior.
Chile es un caso histórico. Es el séptimo país del ranking en inversiones mineras y el sector representa el 17,6% de su PBI. Sus exportaciones vinculadas a esta actividad totalizaron el año pasado 30.680 millones de dólares, el 57,8% de las ventas totales al exterior. De esa suma, 26.900 millones correspondieron a las exportaciones de cobre, mineral del que Chile es el mayor productor mundial.
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En Argentina, la base está. A partir de la Ley 24.196 de mayo de 1993, el sector comenzó a ganar impulso. La ley fomenta las inversiones mineras de una manera demasiado ventajosa para las compañías del rubro: garantiza estabilidad fiscal por treinta años y una serie de beneficios impositivos, entre los que se destacan la deducción de hasta el 100% del impuesto a las ganancias de los montos invertidos en las etapas de prospección y exploración, así como estudios, ensayos y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica de los proyectos. También contempla la libre disponibilidad de las empresas de las divisas obtenidas por sus exportaciones y se las exime del pago de derechos de importación por la introducción de bienes de capital, equipos e insumos para sus operaciones. A su vez, a través de otra norma sancionada por el Congreso en 1994, se estableció un régimen de financiamiento para el pago del IVA que permite la devolución anticipada de ese impuesto para la adquisición de bienes de capital y para inversiones en infraestructura. Según la Ley de Inversiones Mineras, las provincias que perciban regalías por esta actividad no podrán cobrar un porcentaje mayor al 3% del valor en “boca de mina” de lo extraído (precio de lingote u onza en Londres). Este valor depende de lo que declare el productor, luego de descontar costos operativos, que –vale decir– no son controlados por el Estado de manera eficiente, como afirman críticos como el diputado Pino Solanas (ver recuadro). Como parte de este Código Minero, el Estado no puede explotar esta riqueza y está obligado a ceder la tarea –no la propiedad– a manos privadas. El 90% de los emprendimientos locales pertenece a holdings extranjeros. Los expertos estiman que en la década que comienza Argentina se convertirá en “la minera del mundo”, ocupando un lugar entre los tres primeros productores de plata, los cinco de cobre, los seis de oro y los primeros puestos en producción de litio, potasio y boratos.
