La decisión está tomada. El fiscal general bonaerense Sebastián Scalera llamará la semana próxima a prestar declaración indagatoria a Pablo Moyano, uno de los hijos del líder del sindicato de Camioneros, como parte de una asociación ilícita que realizó negocios turbios en el club Independiente y sumará más pruebas a la causa que dejó al borde de la detención al gremialista. Es que la semana pasada, tras conocerse el pedido de prisión para Pablo Moyano de parte del fiscal, el juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, decidió no avalar la solicitud y soltó una serie de críticas para la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el órgano que conduce a los fiscales bonaerenses y que está a cargo de Julio Conte Grand. A pesar de ello, Scalera decidió avanzar en dos sentidos: en primer lugar anunció que apelará el fallo de Carzoglio, quien además enfrentará un jury para destituirlo (ver página 6), y avanzará concretamente contra el hijo de Hugo Moyano con la imputación y lo obligará a presentarse a declaración indagatoria, según pudo averiguar PERFIL. Además, el fiscal de la causa viene juntando pruebas de nuevos arrepentidos que se presentaron en las últimas semanas en el más estricto secreto de sumario. Se trata de barrabravas que, como Pablo “Bebote” Alvarez (ex jefe de la barra de Independiente que está detenido), quien declaró como arrepentido acusando a Pablo Moyano como el gran recaudador de un esquema de negocios como la venta ilegal de entradas, habrían aportado más testimonios y pruebas que complican la situación judicial del secretario adjunto del sindicato de Camioneros. “Va a haber más pruebas”, se limitaron a afirmar ante la consulta de PERFIL fuentes judiciales. Scalera tiene el aval de Conte Grand, el procurador general bonaerense, quien tuvo que salir a defenderse luego de ser acusado por el juez Carzoglio de haber difundido su fallo negando la prisión a Pablo Moyano, y sus antecedentes como dirigentes del peronismo bonaerense. También el magistrado de Avellaneda había acusado a los medios de comunicación como responsables de “presionarlo”. Paralelamente, habrá que esperar a que la Cámara de Apelaciones ratifique, o rectifique, el fallo del juez de Avellaneda negándose a aplicar la prisión preventiva. Por ahora no hay indicios sobre cuál será la decisión. Lo que está claro es que la causa que tiene en jaque al clan Moyano en los tribunales de Avellaneda recién comienza.
