Los cambios en los tiempos políticos también llegaron al caso Correo Argentino SA. Tras años de silencio o negativas a los pedidos de la fiscal general Gabriela Boquin, la jueza a cargo del expediente en la Justicia comercial sorprendió este miércoles con una decisión contra la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri.
La magistrada Marta Cirulli nombró a un coadministrador en Correo, una manera parcial de intervenir en el manejo de las cuentas de la empresa concursada. Así consta en diversos escritos firmados por la jueza, los síndicos y la compañía que analizó PERFIL.
A pesar de la medida, la jueza Cirulli aclaró que al nombrar un coadministrador está tomando una medida a medio camino. Tenía otra opción mucho más grave para la compañía y la familia presidencial: intervenir completamente el manejo financiero de Correo y desplazar a los representantes de los Macri del manejo total de las cuentas. Así lo admitió la jueza en su último escrito publicado en la web del Poder Judicial.
Correo: intervienen la empresa de los Macri ante sospechas de "vaciamiento"
La fiscal Boquin viene solicitando la designación de un interventor desde 2017. Según sostiene en sus dictámenes, su pedido se debe a que detectó gastos sospechosos que podrían tratarse de un desvío de dinero desde Correo hacia otras empresas de los Macri.
Ese dinero debe estar estrictamente controlado para garantizar el eventual pago de las deudas de la compañía. Por eso, denunció a los administradores actuales por supuesto vaciamiento.
Boquin advirtió gastos sospechosos por $ 35 millones, como informó este medio, en consultoras, agencias de publicidad, abogados, alquileres, fiesta de fin de año, cargas sociales para otras empresas de los Macri, cocheras y cuatro oficinas para tres empleados y una compañía sin actividad comercial.
Sin embargo, el cálculo sería de mínima, ya que la cifra fue resultado del análisis parcial de los libros contables. La fiscal venía reclamando ante la falta de acceso a los libros de las compañías de los Macri y la escasa documentación e información que habría entregado Correo a la Justicia para justificar sus gastos sospechados. Consta en sus dictámenes ya publicados.
¿Qué cambió?
En los papeles: Correo admitió en un escrito el 19 de agosto último que desde 2016 acumula una deuda de US$ 1.144.260 con Sideco, principal empresa del grupo Macri. Al tipo de cambio actual son más de $ 66,3 millones.
Esa información nunca había sido admitida. Por eso, la jueza alegó que los representantes de Correo habrían “ocultado información” sobre el manejo del dinero a la Justicia y al Estado Nacional.
Además, los síndicos, encargados de controlar los movimientos de fondos, empezaron a quejarse porque dicen que desde julio último la empresa no entrega la documentación sobre gastos que deben presentar para el adecuado control.
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¿Qué se sabía y qué no?
Tras las denuncias de la fiscal por supuesto vaciamiento, que datan de 2017, 2018 y 2019, Correo aclaró que había realizado un contrato con Sideco en 2012 para que la compañía emblema del grupo le alquilara oficinas y cocheras, y le prestara servicios técnicos y legales. Más tarde, este año, Correo informó al juzgado que desde febrero de 2016, Sideco sigue prestándole estos servicios pero no se los factura formalmente. Tras varias idas y vueltas, la jueza le pidió que aclarara este último punto.
Si Correo debe pagarle a Sideco por los bienes y servicios prestados en los últimos tres años y medio, tendría que haberlo informarlo a la Justicia y haber pedido autorización a la jueza. Correo, que está en concurso de acreedores desde hace unos 18 años, no puede sumar deudas en su estado actual (lo que se denomina “deuda post-concursal”). Consta en los escritos analizados.
Pasaron los meses. En agosto, el abogado de Correo informó que por dichos bienes y servicios debe más de un millón de dólares al grupo Macri. “Será ajustado conforme las reales posibilidades de pago de la concursada en su momento”, aclaró el abogado. Sideco y Correo comparten letrado.
Pero la jueza no quedó conforme con esa explicación. “Lejos de confirmar que no había contraprestación alguna por la locación de servicios y bienes contratados el 5 de junio de 2012 con Sideco Americana SA, ahora dice que sigue adeudando cánones locativos en la misma suma mensual de US$ 18.000 pactada en su origen, y que acumula un pasivo en tal concepto que sumaría -por ahora- US$ 1.144.260”, se quejó la magistrada.
Contradicciones
En un escrito de Correo de mayo de 2017, la empresa dijo que Sideco le otorgaba esos alquileres y gastos como “una gracia”. “Hace tres años que no cobra un centavo de alquiler y de distintas prestaciones adicionales”. Pero las cuentas cambiaron. Ahora la “gracia” es una abultada deuda.
Además de esta cifra que supera el millón de dólares, Correo también admitió que debe pagar a Sideco por otros gastos, como “servicios de asesoramiento financiero y recursos humanos” y “en materia tributaria y administrativa”. Según la magistrada, no pudieron “justificar” estos gastos.
Cirulli acusó a la empresa de los Macri de guardar “absoluto silencio” con respecto a estos movimientos de dinero.
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¿Qué hará el coadministrador?
El encargado de coadministrar Correo todavía no fue designado. Su función será administrar las cuentas de la compañía junto a los administradores actuales y “acorde a la realidad económica imperante en el país”, “la volatilidad de la cotización del dólar” y “la situación jurídica de la empresa”, dijo la jueza, en clara referencia a los gastos dolarizados de una empresa sin actividad económica y a la deuda que Correo no termina de pagar al Estado.
El coadministrador trabajará junto a los administradores designados por la familia Macri para establecer qué puede o no puede realizar Correo en su situación financiera. Su designación no será inmediata. Podría demorarse un mes, de acuerdo al fallo. Correo debe unos $ 4.000 millones al Estado (a 2017), de acuerdo a las estimaciones de los expertos del Ministerio Público Fiscal. Son casi US$ 69 millones al tipo de cambio actual.
E.D./ D.S.
