La causa de los cuadernos de la corrupción destapó que una importante cantidad de empresas relacionadas con la obra pública pagaron coimas durante la gestión kirchnerista. No obstante, las compañías involucradas en el expediente no perderán los contratos vigentes ni se las va a excluir como proveedores del Estado.
El Gobierno decidió establecer unas condiciones y un código de buena conducta para que las empresas involucradas en el expediente puedan seguir con los proyectos en curso. Lo que no quiere la Casa Rosada es que en plena crisis económica y con pronósticos de recesión se detenga la obra pública.
Con ese foco, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 27/2018 de la Oficina Anticorrupción que determinó una serie de lineamientos que deberán cumplir las compañías vinculadas con irregularidades para no dejar de ser proveedoras estatales y poder formar parte de proyectos de Participación Público Privada (PPP).
Una de las condiciones es que tienen que excluir a los directivos condenados o arrepentidos por corrupción. También deberán aplicar programas de "integridad" con códigos de buena conducta y un sistema de denuncia interno ante cualquier nueva irregularidad.
Otra opción que se contempla es que las empresas paguen un resarcimiento al Estado por los daños generados por el pago de coimas, según indicó el diario La Nación. Pese a la resolución, ya hay algunos empresarios que dieron un paso al costado al quedar involucrados en la megacausa, como Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Armando Losón, Juan Chediack y Manuel Santos Uribelarrea.
Cuatro empresas que aparecen en los cuadernos tienen contratos con el Gobierno de la Ciudad
El Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías informó que las compañías que quieran participar de la obra pública tendrán que pasar "por un tamiz de control", como muestra de su transparencia. "No se puede confundir a las personas jurídicas con las físicas, que son sus accionistas o directores. Estamos hablando de empresas que tiene miles de trabajadores, que tienen el conocimiento para hacer toda la obra pública en el país. El bien común está por encima de todo", afirmó el funcionario en un almuerzo organizado por el Rotary Club.
La OA, la Sindicatura General de la Nación, la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia serán las organizaciones del Gobierno que se encargarán de cerciorar que las compañías "cumplan con los lineamientos éticos".
B.D.N./FeL
