Cristina no se reunirá con Piñera y sube la tensión por la extradición del prófugo

El caso prófugo chileno Galvarino Apablaza Guerra sigue generando ríspideces entre Argentina y Chile. El martes pasado, le tocó a la Corte Suprema decidir sobre su suerte y se inclinó ante el pedido del país vecino, asegurando que los hechos que se le imputan (asesinato de un senador pinochetista y secuestro de una directiva del diario El Mercurio) no habilitan su asilo político en Argentina.

Sin embargo, la posibilidad de que el Ejecutivo - que tiene la última palabra en el caso - impidiera la extradición ya sembró polémica. Por un lado, el viaje oficial de Cristina por los festejos del bicentenario chileno se redujo a cuatro horas y se descartó, por otro lado, que vaya a tener una reunión a solas con Sebastián Piñera. Este jueves, de hecho, los diarios chilenos se hicieron eco de la información publicada por La Nación y desde el país trasandino, la ministra vocera Ena von Baer señaló que "vamos a dar todos los pasos y a hacer todos los esfuerzos posibles porque todas las personas que estén involucradas en crímenes que se hayan cometido en nuestro país, sean juzgadas ante la Justicia de nuestro país".

En Argentina, en tanto, fuentes de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) explicaron a Perfil.com que aún no hay novedades sobre el caso y que todo dependerá de la intención y la agenda del Ejecutivo. Además, señalaron que al ser multisectorial (la decisión depende de varios organismos estatales) la información oficial será emitida a través del Ministerio del Interior que dirige Florencio Randazzo.

Consultado por este sitio, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aportó el marco jurídico del caso: la Corte estableció en este caso que "conforme a las circunstancias acreditadas, la conducta que se le imputa a Apablaza (homicidio agravado y secuestro extorsivo en pleno período democrático chileno) no puede ser encuadrada como un delito político por cuanto no persiguió ningún fin altruista ni lesionó exclusivamente un régimen de gobierno, y en consecuencia, concedió la extradición solicitada por Chile".

Gil Domínguez opinó que "el Poder Ejecutivo puede concederla o bien considerar que Apablaza es un perseguido político, otorgarle el carácter de refugiado (o asilado político) y negar la extradición (sobre la base del principio de no devolución que protege al refugiado). Si se optara por esto último se estaría tergiversando los contenidos universales del derecho de los refugiados, en la medida que la existencia de un régimen democrático vigente, inhabilita toda justificación política –que ni siquiera fue invocada por Apablaza al declarar en el juicio- respecto de la comisión de delitos comunes”, indicó.

Por su parte, el experto en relaciones internacionales de la UADE, Juan Battaleme, indicó cómo pueden verse afectadas las relaciones con Chile si el gobierno finalmente accede al pedido de Apablaza Guerra, respaldado por algunos organismos de derechos humanos: "Lo que transforma medularmente la relación con Chile es la energía, que está bastante afectada. Agregar este tema puede traer una nueva presión conyuntural, otro punto de tension más" en un Parlamento mayoritariamente conservador.