La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó hoy jueves el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”. El fallo del tribunal, que llevó las firmas de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ratificó así la decisión del juez del caso, Claudio Bonadio, quien en septiembre pasado la consideró jefa de la asociación ilícita que operó en el país, entre 2003 y 2015, entorno de la obra pública.
A CFK, la Cámara también le trabó un embargo por 1500 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de la ratificación de la prisión preventiva, la senadora nacional por Unidad Ciudadana, no irá a prisión gracias a sus fueros legislativos.
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Los camaristas además confirmaron los procesamientos con prisión preventiva del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus segundos en la cartera, Roberto Baratta, y José López, quien se acogió a la figura del arrepentido poco después de comenzado el caso.
A ellos tres se los consideró organizadores de la asociación ilícita. Una figura que alcanzó al financista Ernesto Clarens y Carlos Wagner, y se les reprochó varios hechos de cohecho activo. En tanto que también dictaron la falta de mérito para el ex titular de Inteligencia, Oscar Parrilli, para el ex juez Norberto Oyarbide, y Javier Fernández.
La decisión del tribunal, que llevó las firmas de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ratificó así la decisión del juez del caso, Claudio Bonadio
Por otro lado, la decisión del tribunal revirtió la figura de "organizadores de la asociación ilícita" que pesaba sobre una veintena de empresarios involucrados en el caso. Esto alcanza a empresarios como Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, y ex dueño de IECSA, Aldo Roggio, de Benito Roggio e hijos, Juan Chediak, Juan Carlos de Goycoechea, ex Isoluz, Claudio Glazman, Luis Betnaza de Techint, Armando Losson, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, Alberto Taselli, Hugo Eurnekian, y Enrique Pescarmona. A todos ellos se les impuso, en cambio, la calificación —mucho más leve— de "cohecho".
La Cámara ordenó la excarcelación de varios involucrados que estaban presos por orden de Bonadio, en tanto que el único empresario que seguirá detenido es Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, fue porque se lo consideró partícipe de le asociación ilícita. Entre los excarcelados están los empresarios Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Otero y Lascurain. Estos dos últimos tenían prisión domiciliaria. Entre los exfuncionarios que recuperarán su libertad están Walter Fagyas, Hernán Gómez. Fabián García, Ramón y Hernán del Río.
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El tribunal de alzada también revocó la falta de mérito de los empresarios Javier Sánchez Caballero (ex IECSA), Jorge Neira (Electroingeniería), Rodolfo Poblete (Grupo Romero), Héctor Zabaleta (ex Techint) y Francisco Valenti (Grupo Pescarmona). A todos ellos, haciendo lugar al pedido de los fiscales del caso, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, los camaristas los consideraron partícipes necesarios del delito de cohecho de varios de los hechos investigados
Para los también ex funcionarios: Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Oscar Thomas y José María Olazagasti, la Cámara confirmó su procesamiento con prisión preventiva. Fue por considerarlos miembros de la asociación ilícita. También los consideró miembros a Germán Nivello, Claudio Uberti y Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al caso.
