Cuando era diputada, Garré pedía el traspaso de la Policía Federal
La actual ministra de Seguridad propugnaba en el año 2000 que se cumplimentara con la Constitución porteña. Además denunciaba el incremento de la inseguridad.
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Télam
El conflicto que tiene como epicentro a la seguridad de los porteños, tuvo sus últimos choques entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad Nacional a partir del retiro de los efectivos de los edificios públicos. Pero el tema preocupa a Nilda Garré desde el año 2000, época en que proponía el traspaso de la Policía Federal a la Capital.
La funcionaria fue diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en los períodos 1995-2000 y 2001-2005.
En su primer mandato, en el que ocupó una banca del Frepaso, la ex legisladora presentó un proyecto de ley a través del cual reclamaba el traspaso de los organismos de la Policía Federal Argentina a la Capital.
El expediente fue registrado bajo el número 1337-D en el año 2000. La ex integrante de la Alianza, no incluyó dicha iniciativa en el listado de "Proyectos" publicados en su web personal. En la propuesta legislativa, la entonces diputada manifestaba la necesidad de modificar la ley 24.588 de "Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".
El texto buscaba derogar -previo a los cambios introducidos por la ley 26.288 del año 2007- los tres primeros párrafos del artículo 7º, los cuales consignaban: "El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional".
La ministra fundamentó el proyecto al expresar: "El anunciado traspaso se debe al incremento de la criminalidad y la violencia evidenciado en los últimos tiempos".
Muy por el contrario respecto de la actual posición del Ejecutivo nacional, Garré argumentó además que "pretender que la Ciudad Autónoma ejerza facultades de jurisdicción en forma acotada o prohibirle la organización de sus propias fuerzas de seguridad significa una inadmisible limitación a la autonomía consagrada constitucionalmente".
"En última instancia ello viene a cercenar la soberanía popular de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires", concluyó entonces la actual ministra de Seguridad de la Nación.
