De la descentralización a la falta de controles internos

En la mitología macrista hay una leyenda que cuenta que, para la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015, existía un depósito secreto en el que, al menos una vez por semana, se extraía y se juntaba dinero en efectivo. Como en una escena de Breaking Bad, apenas tres dirigentes del PRO tenían acceso a ese depósito, ya que la recaudación de la campaña estaba centralizada y todos los candidatos, desde el propio Macri hasta María Eugenia Vidal en la Provincia, pasando por los diputados, estaban sujetos a las directivas de los encargados del financiamiento.
Sin embargo, en 2017 todo cambió. Ni el empresario Nicolás Caputo –el mejor amigo del Presidente–  ni el ex funcionario Edgardo Cenzón –hoy en el sector privado– están detrás de la recolección de fondos. Nunca más animaron cenas ni se ocuparon del tema. Ambos, amigos y compinches, fueron artífices de la llegada de Macri al poder, pero no quisieron repetir las historias que, cuenta la leyenda, incluían entregas de dinero en el departamento que tenía el entonces jefe de Gobierno porteño en Avenida del Libertador (un muy reconocido empresario del sector del juego, por caso) o autos de alta gama con baúles llenos de efectivo.
Historia aparte, lo cierto es que para 2017 la decisión fue descentralizar las campañas y también el financiamiento. Cada distrito tenía a su cargo las cenas de recaudación y, por tanto, las colectas. Los fondos terminaban, por supuesto, en cada jefe distrital.
De hecho, en las primeras horas la explicación oficial daba cuenta de que en el comando de campaña que animó a Graciela Ocaña como diputada y a Esteban Bullrich como senador no creían que fuera cierto. Luego, la explicación mutó: “Era muy difícil controlar, los (dirigentes) territoriales nos mandaban los listados con las planillas y los recibos, y lo que hacíamos era cruzar los datos con la AFIP y chequear que esos aportantes no hubieran fallecido”, explica a PERFIL una fuente que trabajó intensamente con los Excel que llegaban de los 135 municipios.
En el interior del vidalismo, en un primer momento pensaron que el tema se iba a desvanecer. Luego explicaron a este diario que, legalmente, en rigor hay solo dos involucrados de manera directa, los dos apoderados ante la Justicia electoral del frente Cambiemos: la macrista Carla Chabán y el radical Alfredo Irigoin.
Además, en el entorno de la gobernadora insisten en que fue una denuncia “política” vinculada al kirchnerismo. Recuerdan que, en 2015, el Frente para la Victoria recibió una denuncia similar por tres aportantes truchos para que fueran eliminados de la lista. En ese entonces, el apoderado, Jorge Landau, los sacó de las planillas pero además cambió 215 nombres. Entre aquellos que agregó, 111 eran funcionarios provinciales de Daniel Scioli.

Presentación ante la Justicia

Frente al escándalo de los aportantes “truchos”, el oficialismo prevé finalizar una extensa auditoría sobre los aportantes de campaña y modificar el listado para presentar una adenda ante la Justicia electoral.
Se trata de un mecanismo que ya utilizó el kirchnerismo en 2015: modificar el listado de aportantes.
“Estamos trabajando en eso, municipio por municipio, y cuando terminemos el relevamiento vamos a presentarnos en la Justicia para aportar el origen de los fondos con una nueva plantilla de aportantes”, explicó ante este diario un funcionario bonaerense.
Así, creen en el vidalismo, el tema comenzará a cerrarse. Al menos en su faceta judicial.
En lo político, la salida de María Fernanda Inza, la tesorera del PRO, afirman que ayudó. ¿Habrá sido suficiente? La pregunta no tiene respuesta. Acaso por ello en la semana los funcionarios bonaerenses se mostraron preocupados como pocas veces desde que llegó Vidal al poder.