Procesamiento por el pago de sobornos en el Senado
De la Rúa: "Hay que perseguir a la gente cuando está en el Gobierno, no cuando se va"
Aseguró que el juez
"cedió ante la presión política y de los medios". Lo acusa de cambiar
a su antojo la declaración de Pontaquarto. Refecas negó que hayan existido
presiones.
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Cedoc
El ex presidente Fernando De la Rúa aseguró que su procesamiento en la causa que investiga el pago de sobornos al Senado se debe a que el juez Daniel Refecas cedió ante "la presión política y de los medios".
"Cuando las instituciones no funcionan, la libertad de los hombres y la mía están en riesgo", estimó el ex mandatario a la vez que se quejó porque el juez le dictó un confinamiento que no les dio a los otros acusados. "No puedo alejarme de mi domicilio más de 72 horas sin avisarle. ¡Hace 7 años que concurro a cada citación judicial y me quedo en el país para defender mi honor", se ofuscó.
De la Rúa afirmó que exigió al magistrado " una imparcialidad que no se ha logrado" e indicó que " hay que perseguir a la gente cuando está en el Gobierno y no cuando se va", porque, según él, "la Justicia dicta sobreseimientos para los que están en el poder, pero se hacen los fuertes con los que están alejados de él".
"En la causa existen lo que Refecas llama 'pequeños desajustes' entre lo que él dice y lo que declara su testigo estrella, Mario Pontaquarto, pero el juez va modificando la declaración de su testigo para que todo encaje", denunció el ex presidente en una entrevista concedida al diario La Nación.
El juez. Daniel Refecas presentó su candidatura a juez en 2001, con De la Rúa en la presidencia. Fue nombrado en 2004 y se apura a aclarar que " Kirchner lo único que hizo fue no altear el orden de mérito de ese concurso".
Además, aseguró que no existieron llamados ni presiones del Gobierno para que se dictara el procesamiento de De la Rúa. "El día que me pase algo así, me voy", explicó.
Sin embargo, aclaró que "el Poder Judicial no es más ni menos que uno de los tres poderes republicanos y, por lo tanto, cada resolución judicial es un acto de gobierno".
