El kirchnerismo llegó a la Casa Rosada con la promesa de “asumir las responsabilidades del Estado” en el atentado a la AMIA. El propio presidente Néstor Kirchner consideró una “deshonra” la investigación que se llevaba hasta entonces e impulsó una serie de medidas para dar con la organización terrorista que hubiera estado detrás del atentado.
Tal es así que fue el propio Kirchner quien creó en 2004 la Unidad Especial de Investigación de la Causa AMIA y puso al frente al fiscal Alberto Nisman, hoy en el centro de las críticas del kirchnerismo tras haber imputado a la Presidenta junto a importantes funcionarios del Gobierno a los que acusó de “encubrimiento”.
Hasta los más acérrimos opositores al Gobierno reconocen la férrea postura del entonces presidente para condenar a los responsables del ataque que mató a 85 personas en 1994. "El respaldo a la investigación fue completo, se rechazaron todos los ofrecimientos de Irán de acordar salidas políticas al caso judicial y comercial con Irán era considerado, sin mas, 'casus belli' (motivo de guerra)", sostuvo Nisman en el dictamen conocido hoy.
La cercanía entre Nisman y el Gobierno nacional fue tan grande que la embajada norteamericana en Argentina comenzó a sospechar sobre supuestas maniobras conjuntas del fiscal para “lavar la imagen del Ejecutivo”, según se supo más tarde con la filtración de cables confidenciales. Un reporte del 22 de febrero de 2008 firmado por el embajador Earl Anthony Wayne le informaba a la Casa Blanca sobre una supuesta operación donde el fiscal “aceptaba sin chistar” las decisiones de Kirchner.
Se trataba de la orden de detención que emitió Nisman hacia “enemigos políticos del Gobierno” como el expresidente Carlos Menem y el exjuez Juan José Galeano, enviados a juicio oral por el juez Ariel Lijo. Según la revelación de Wikileaks, el diplomático le explicaba al gobierno estadounidense que el fiscal “manejó los tiempos del anuncio” en medio de la crisis del Ejecutivo con el campo. Allí advirtió que si la operación consistía en “sacar de la tapa de los diarios el conflicto del Ejecutivo con el campo, ésta fracasó considerablemente”.
El giro K. El cambio de política exterior del gobierno de Cristina Kirchner quedó advertido a través de distintos gestos como visitas protocolares y guiños diplomáticos. Para la diputada Laura Alonso (PRO), titular de la comisión de Legislación Penal, “la ruta de éste gobierno comenzó en Venezuela, con su amistad con Hugo Chávez, éste los acercó a (el presidente iraní) Mahmud Ahmadineyad, a donde se convencieron de que hay que ser amigos de Rusia y darle la espalda a Washington”.
En diálogo con Perfil.com, la legisladora sostuvo que lo primero que llamó la atención fue “la visita de Cristina a Libia, en 2008, donde se reunión con (Muamar) Kaddafi, con Kirchner vivo; después le pidió al embajador en la ONU, Jorge Argüello, que se quedara escuchando el discurso de Ahmadineyad, algo que desde el atentado a la AMIA que no pasaba”.
El fiscal Nisman fue mucho más áspero en la explicación. “El caso AMIA dejó de ser una política de estado para convertirse en un fusible de ajuste, una pieza descartable, para lograr el restablecimiento de la relación comercial bilateral con Irán. Así comenzó a negociarse la impunidad. El mayor opositor a esa impunidad, Néstor Carlos Kirchner, había fallecido”, escribió entre los fundamentos del pedido de llamado a indagatoria contra Cristina, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el piquetero Luis D’Elía.
"El camino criminal que decidió transitar su esposa había quedado despejado de su principal escollo: su difunto marido", continuó. El golpe de gracia, para Nisman, fue el memorándum de entendimiento que firmó Argentina con Irán, aprobado por el Congreso argentino, donde se pacta que los acusados iraníes prestarían declaración ante el juez siempre y cuando lo hagan en su territorio.
Casi dos años después, Nisman denunció a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, a los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, entre otros, de "negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes" a través de ese pacto, se presume, a través de beneficios en materia energética y comercial.
