El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró este lunes la "emergencia en materia penitenciaria" por los próximos tres años, al tiempo que creó una comisión especial para resolver el "déficit habitacional" en las prisiones federales, "mejorar las condiciones de privación de la libertad" e implementar "medidas alternativas" al encarcelamiento.
La medida llegó en el marco de un "incremento significativo de los últimos años" de la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, mientras que el SPF informó que al 13 de marzo pasado los internos alojados ascendían a 13.773.
Además, la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las 12.235 plazas, lo que significa una sobrepoblación superior al 12% , según informó la agencia Télam. "En razón de las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional (…) dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso", señaló el documento.
Argentina tiene una tasa de 186 presos cada 100.000 habitantes, según datos de 2016 de la organización Prison Studies. La tasa promedio de América del Sur es de 236 presos cada 100.000 habitantes.
No obstante, en el comunicado se informa que "en los últimos años se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales", aunque en la actualidad esa cifra asciende al 57% de los internos, "situación que suele extenderse en el tiempo a raíz de la prolongada duración de los procesos".
De acuerdo a la resolución, las órdenes judiciales "impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país", por lo que se generan situaciones de superpoblación en las cárceles de la región metropolitana, donde se concentra el 63 por ciento de los alojamientos penitenciarios. Entre otras cuestiones, en la resolución se remarcó que debido a la implementación del régimen de Flagrancia a la Alcaidía 28 (Centro de Detención Judicial en los tribunales porteños) "el flujo mensual promedio de ingresos" supera las 700 personas.
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Por ello, desde el Ministerio se impulsó la construcción de nuevas cárceles, como una en la ciudad bonaerense de Mercedes para 1.152 presos y otra en Coronda, Santa Fe, para 462; al tiempo que se sumaron 352 nuevas plazas a la unidad de Luján de Cuyo, Mendoza. De acuerdo a la resolución, en forma paralela "se ha promovido la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad" como "la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica".
"A pesar de los esfuerzos realizados, el déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el Servicio Penitenciario Federal, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria", indicó la resolución. Para abordar esta problemática, además de declarar la "emergencia", se conformó en el ámbito de la Secretaría de Justicia una "Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria" que una vez constituida se reunirá quincenalmente hasta marzo 2022.
El SPF aloja a 13.773 presos al 13 marzo de este año, cuando su capacidad de alojamiento es de 12.235 plazas, según cifras del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.
El Ministerio de Justicia invitó a los ministerios de Hacienda, de Interior, Obras Públicas y Vivienda, y de Seguridad, a nombrar un representante para la comisión de emergencia. También podrán tener sus delegados en la comisión la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, entre otros organismos. Este órgano tendrá tres objetivos: resolver el déficit habitacional; mejorar las condiciones de privación de la libertad, y promover medidas alternativas a la privación de la libertad.
J.D. / D.S.
