El diputado porteño por el ARI,
Facundo Di Filippo, presentó este lunes al mediodía una
denuncia penal contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y la empresa
Metrovías por la
"posible comisión de delitos contra la seguridad en el transporte",
específicamente en el servicio de
subterráneos.
"Las irregularidades son gravísimas: hay coches que tocan el andén y material que no se sabe
si es ignífugo", alertó el diputado en declaraciones a
DyN.
A la denuncia radicada ante la fiscalía federal Nº 10, a cargo de Miguel Ángel Osorio,
se le sumará en 15 días una acción judicial para que "se haga efectivo el traslado a la
ciudad del servicio de subterráneos", hoy bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de
la Nación, según confirmó el propio Di Filippo.
En su presentación judicial, el legislador destacó que existen
"graves irregularidades en las condiciones de mantenimiento que ponen en
serio riesgo la seguridad de los pasajeros y de los trabajadores del subterráneo"
y provoca
"un grave perjuicio económico a la Ciudad por el deterioro del material rodante
que es de su propiedad".
La denuncia penal, realizada sobre la base de un informe de 200 páginas de Subterráneos de
Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE),
involucra a Jaime, a los integrantes del directorio de la concesionaria Metrovías y al
interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa
Romero.
El legislador porteño detalla
"las principales fallas en las cinco líneas de subterráneos" y asegura que hay 303
coches excedidos en kilometraje, una gran cantidad de formaciones con ruedas con 'planeaduras' por
bloqueo de ruedas por frenadas excesivas y deformaciones en las vías de la línea D, en el tramo
comprendido entre las estaciones Pueyrredón y la terminal Catedral.
También indica que hay "vagones con vidrios que no son de seguridad, además de presentar
deterioros en acopladores, 'boguies', deformaciones en las carrocerías, ejes averiados y óxido en
el sistema neumático de frenos", según informó.
El diputado del ARI, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña,
advirtió que si bien los subtes son propiedad de esta ciudad,
la Secretaría de Transportes de la Nación y la CNRT "tienen a su cargo el control sobre ese
servicio".
El control incluye tanto "el cumplimiento de las normativas de seguridad como lo establecido
en el pliego de concesión, razón por la cual la denuncia involucra también a Jaime y a Ochoa
Romero", agregó.
El extenso documento fue elaborado por el ingeniero Roberto Zaccagnini y Salvador Rocher,
inspectores de SBASE, empresa que depende del Gobierno porteño y "está encargada de la inversión
pública, por ejemplo de la construcción de la línea H, pero sin embargo no puede controlar", según
Di Filippo.