POLITICA
Monner Sans prendi la lamparita (de alarma)

Denuncian a Amado Boudou por $2.500.000 en contratos irregulares

El Ministerio de Economía compró por esa suma 43.000 resmas de papel y 14.000 aparatos de iluminación. Los vínculos con la estatizada Papelera Quilmes, ex Massuh.

El Ministro de Economía habría aprobado las compras irregulares.
| Telam

El gobierno nacional suma una nueva denuncia por sus polémicas contrataciones. Esta vez la investigación apunta contra el Ministerio de Economía, comandado por Amado Boudou, por haber adquirido 43.000 resmas de papel y 14.000 artefactos de iluminación por alrededor de dos millones y medio de pesos, en forma irregular.

El abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, radicó hoy una denuncia penal ante la justicia contra Boudou y algunos funcionarios del ministerio, como el Secretario de Legal y Técnica, Benigno Vélez, por "administración fraudulenta", "malversación de caudales públicos", y violación de los deberes de funcionario público.

En el caso de las resmas de papel, la compra se hizo en agosto pasado sin licitación (por adjudicación directa) a la Papelera Quilmes, antes conocida como Papelera Massuh y estatizada en 2009 gracias a los fondos de la ANSES. La empresa era administrada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y fue clausurada en noviembre por producir contaminación.

La factura de 499.754 pesos "de contado y contra entrega" se emitió el 25 de agosto de 2009, pero la Secretaría Legal y Técnica aprobó la compra recién un día después, según consta en la denuncia. Monner Sans considera que la adquisición (43.000 resmas de 80 hojas A4) es "un despropósito".

Además, el Ministerio abonó -otra vez sin concurso de precios- 2.000.000 de pesos por unos 14.000 "artefactos de iluminación" de bajo consumo a la empresa Ecoenergía S.A. El 30 de noviembre de 2009 se pagó un adelanto del 50% de la suma, cuando la empresa sólo había reclamado un 30%. "¿Por qué el Ministerio siguió la conducta más gravosa para el Estado Nacional?", se preguntó Monner Sans.

Según el abogado, a comienzos de febrero los aparatos aún no habían aparecido por el Ministerio, cuando el contrato establecía una entrega en 60 días. Monner Sans sostuvo que el supuesto ahorro que generarían los artefactos no estaba justificado, ya que la cifra se recuperaría recién tras ocho o nueve años de uso.