El empresario Lázaro Báez deberá afrontar un nuevo frente judicial. Tal vez el que más teme el socio presidencial. El escándalo por el supuesto uso de facturas falsas para evadir impuestos millonarios o camuflar sobornos llegó ayer a los tribunales federales de Retiro. La diputada Margarita Stolbizer denunció a Báez por este hecho ante el juez federal Sebastián Casanello. Lo hizo en base a la documentación revelada por PERFIL entre el 19 de octubre y el 21 de diciembre pasado.
Entre las pruebas, hay elementos contables sobre la supuesta maniobra de Austral Construcciones y una empresa proveedora de facturas falsas. Esos documentos incluyen facturas, cheques, certificados, balances y declaraciones juradas que revelan cómo operó la nave insignia de Báez junto al Grupo Penta y Calvento, dos empresas de Bahía Blanca. Ambos proveedores son investigados desde hace más de tres años por la AFIP como usina de facturas truchas, pero el avance contra Grupo Penta –la que más facturó a Báez– en el órgano recaudador se demora.
Báez trabajó con dos grupos de empresas a quienes subcontrató para realizar supuestas obras de compactación, enripiado y excavación: el grupo de la familia Ficcadenti y el de la familia Ferreyra. También se lo investiga por supuestos nexos con el Grupo Suris, que es investigado por facturación aprócrifa y narcotráfico.
El juez Casanello ya lo tiene en la mira por supuesto lavado de dinero. Ahora deberá analizar si los hechos de Bahía Blanca encuadran en su causa o en el fuero Penal Tributario, donde Lázaro también es investigado. Stolbizer pidió imputar también a los titulares o responsables de las empresas proveedoras Calvento, Grupo Penta, Iberoamericana de Servicios; y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray por supuesto encubrimiento, debido a la demora en el avance contra Grupo Penta.
La denuncia. La diputada dijo que la facturación falsa le permitió a Báez “reducir considerablemente el monto de impuestos pagado durante los últimos años” y que la AFIP “solamente investigó a las empresas emisoras de facturas falsas, evitando cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones”. Así, el empresario habría justificado “costos inexistentes que servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego se volcaría o destinaría a operaciones de lavado de dinero”.
Una de las maniobras que demostraría la documentación es que en 2010, la empresa de Báez había registrado pagos a Grupo Penta por más de $ 1,3; atribuyéndoselos a movimientos de suelo en la Ruta 39 de de Santa Cruz. La AFIP de Bahía Blanca advirtió que, sin tener empleados ni maquinarias, Penta le estaba facturando servicios en la Ruta 39 a Constructora Patagónica SA para que ésta, a su vez, se los pudiera facturar a Austral. Pero al mismo tiempo Grupo Penta le estaba facturando de manera directa servicios similares a la compañía de Lázaro.
Cuando la AFIP comenzó a investigar a Penta, la empresa respondió que se encontraba impedida de presentar la documentación, porque le había sido sustraída del baúl de un auto. La AFIP entendió que Penta sólo había alterado su facturación para evadir impuestos, pero que no era una usina de facturas truchas.
Toda esta operatoria, dice la denunciante, encuadraría en el delito precedente que busca el juez Casanello con miras a indagar a Báez por presunto lavado. Es decir, demostraría el origen ilegal de fondos ganados por el empresario hasta 2011 –la investigación de la AFIP comenzó en 2008– que luego habrían terminado en las cuentas bancarias en Suiza y otros paraísos fiscales.
La AFIP todavía debe determinar si el Grupo Penta, una de las firmas de Bahía Blanca que más facturó a Báez –al menos $ 7 millones– fue o no una usina de facturas falsas.
