María Lucila Lehmann, diputada nacional de Santa Fe por la Coalición Cívica, denunció al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz y a su Ministro de infraestructura y transporte, José León Garibay, por la “falta de obras para solucionar el grave problema hídrico que padece la provincia”. Al ser consultados por PERFIL, miembros del gobierno provincial decidieron no manifestarse ante lo ocurrido.
Esto ocurre en el marco de un año electoral en el que Santa Fe ya anunció que desdoblará las elecciones y elegirá un nuevo gobernador el 16 de junio.
En este sentido, el socialista, que no podrá ir por la reelección ya que el sistema electoral de la provincia no se lo permite, declaró esta semana en medios locales que no mira con malos ojos apuntar a un banca en diputados.
La denuncia se enmarca en el “delito de incumplimiento de deberes de funcionario público” y detalla que “hace 19 años que Santa Fe vive casi permanentemente en estado de emergencia declarada por cuestiones hídricas con pérdidas equivalentes a millones de dólares”.
Declararon emergencia hídrica en Santa Fe
“Nadie puede aludir a esta altura que las inundaciones son imprevisibles”, asegura el texto, que indica que no se le puede echar la culpa al "cambio climático". En este sentido, a principios de año se decretó en estado de emergencia hídrica hasta agosto del 2019 a ciertas zonas de la provincia, procedimiento que fue recurrente en los últimos años.
"Frente a un problema de larga data como son las inundaciones, la falta de soluciones y las reiteradas emergencias que en consecuencia se decretan, son la prueba cabal de una mala administración gubernamental", agrega sobre este punto la denuncia.
“De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario - señala en texto - las inundaciones en el norte de Santa Fe dejarían pérdidas en cultivos por 230,7 millones de dólares”.
La denuncia fue presentada este martes en Santa Fe y recién el día lunes se conocerá, a través del sorteo, qué fiscalía será la encargada de iniciar la investigación, informaron desde el despacho de la diputada a PERFIL.
En este sentido, la justicia deberá determinar si, tal como señala Lehmann, se está incumpliendo el artículo 248 y 249 del Código Penal, que establece “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.
