La causa por los cinco asesinatos cometidos en pleno centro porteño el 20 de diciembre de 2001,
cuando el radical
Fernando de la Rúa renunció a la Presidencia, podría ser declarada nula si
prospera la estrategia de defensa del ex secretario de Seguridad
Enrique Mathov y del ex titular de la Policía Federal
Rubén Santos, aseguraron hoy familiares de las víctimas.
"Aquel 20 de diciembre la gente gritaba 'que se vayan todos', pero siguen estando todos
menos mi hijo y otras víctimas", enunció
Martha Almirón, madre de un joven de 23 años que murió en la represión ilegal
desplegada el día de la renuncia del radical.
Mathov, Santos y los entonces comisarios de la Policía Federal
Norberto Gaudiero y
Raúl Andreozzi fueron procesados por los crímenes de diciembre de 2001 y aunque
la investigación fue clausurada para su elevación a juicio hace 7 meses,
ahora el expediente se encuentra en riesgo de nulidad, dijeron los familiares
.
En una conferencia de prensa, los abogados
Rodrigo Borda, Rodolfo Yanzón y Daniel Stragá, que patrocinan a los familiares a
través de distintas organizaciones de Derechos Humanos, explicaron hoy que el juez federal
Claudio Bonadío hizo lugar a la producción de pruebas propuestas por la defensa de
los acusados para impugnar la causa desde su inicio, en 2001.
"Bonadío está produciendo nueva prueba aunque la etapa de instrucción ya está cerrada. Lo
hace a pedido de la defensa de los imputados, que quieren responsabilizar a la juez (María) Servini
de Cubría por la represión y demostrar que no habría sido imparcial", señaló
Borda.
Los abogados coincidieron en señalar que la búsqueda de evidencia para cuestionar la labor de
Servini está destinada a plantear que la investigación es nula desde la primera
foja, ya que la magistrada intervino en el caso desde el día de la masacre y se desprendió del
sumario en octubre de 2006, alegando "violencia moral".
Tras el apartamiento de
Servini, el expediente quedó en manos de
Bonadío, que según los familiares y sus representantes legales dio luz verde a los
requerimientos de la defensa pese a que la etapa de instrucción ya había sido clausurada por su
colega.
La propia Corte Suprema de Justicia respaldó la labor de
Servini y de los fiscales
Luis Comparatore y
Patricio Evers, y dejó el caso en condiciones de ser ventilado en un juicio oral y
público.
Y hace más de cinco años la Cámara Federal porteña ordenó la declaración indagatoria de
De la Rúa,
a quien responsabilizó por cinco homicidios culposos y lesiones a 227 víctimas. El
ex presidente, luego, fue beneficiado con una falta de mérito y el abogado Yanzón reclamó hoy una
definición de fondo sobre su situación: "que los sobresean o dicten su procesamiento" y sea
enjuiciado, señaló.
Para la Cámara,
la represión ilegal constituyó una "masacre" que sólo por "milagro" causó cinco muertes, ya
que el número de víctimas pudo ser mayor porque, según consta en el sumario, la policía
disparó en plena calle contra manifestantes desarmados.
Como consecuencia del accionar policial murieron los manifestantes
Diego Lamagna (27 años),
Gastón Riva (31),
Carlos Almirón (23),
Gustavo Benedetto (23) y
Alberto Márquez (57).
"Está todo listo como para que se pueda castigar a los culpables pero el sistema vuelve las
cosas para atrás. No vamos a bajar los brazos para que la justicia siga siendo injusta.
De la Rúa está libre y nuestros familiares ya no están", dijo
María Arena, viuda de
Riva, en la rueda de prensa ofrecida en el CELS.
De la Rúa renunció en medio de saqueos, protestas y acciones policiales contra
manifestantes que provocaron 33 muertes en todo el país. Tras convocar al PJ, en vano, a un
"Gobierno de Unidad", el radical dejó la Casa Rosada en el helicóptero cuando ya cinco
manifestantes habían sido asesinados en los alrededores de la Plaza de Mayo.
Fuente:
DyN