La AGN, máximo organismo de control de las cuentas públicas, suele aprobar sus informes por unanimidad, pero en este caso aún no pueden ponerse de acuerdo sobre el tema. La oposición defiende un dictamen técnico -realizado por Jorge Lapeña, ex secretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín- según el cual hubo sobreprecios por al menos $138 millones. El oficialismo, en cambio, sostiene un dictamen de un experto recomendado por el kirchnerismo, Oscar Eduardo Perrone, quien dijo no haber encontrado nada irrazonable en los costos.
El conflicto lleva más de un año y medio y varios escándalos. Al conocerse un primer estudio que revelaba sobreprecios, se abrió una causa penal, y el kirchnerismo anunció que le quitaría al presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy, la capacidad de difundir los informes al público.
Al mismo tiempo, el fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido denunció que la AGN le ocultaba documentación y en marzo de 2009 renunció al cargo ; la Fiscalía de investigaciones administrativas sigue acéfala desde entonces . En enero, el periodista Nelson Castro se quedó sin su programa en Radio del Plata -emisora propiedad del grupo Electroingenieria, uno de los beneficiados en la licitación- cuando habló al aire sobre el tema.
El senador Ernesto Sanz, presidente de la UCR, anticipó al diario La Nación que llevará los sobreprecios detectados a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso -donde la oposición tiene mayoría- para que el tema llegue a los plenarios de ambas cámaras.
No le será fácil: en mayo pasado, la oposición intentó lograr un dictamen en la Comisión de Energía para derogar el llamado "Fondo Eléctrico de Santa Cruz", un impuesto que pagan todos los abonados a la red eléctrica desde 1989 para financiar el desarrollo del tendido patagónico. La reunión sufrió varios faltazos del kirchnerismo pero también opositores, y el intento quedó en la nada.
