cruce entre el servicio penitenciario y ex funcionarios
Desaparecieron las grabaciones de una cámara que vigilaba a los tres prófugos
Según las autoridades del penal, un funcionario incautó los videos en octubre y la cámara dejó de grabar. La Justicia se enteró cuando pidió las imágenes.
Cuando asumió la investigación sobre la fuga, el fiscal Cristian Citterio pidió las grabaciones de la cámara de seguridad del área de Sanidad del penal de General Alvear. Allí habían estado alojados desde principios de agosto los hermano Martín y Cristian Lanatta y su socio Víctor Schillaci. Eran especialmente monitoreados por cuestiones de seguridad. Esas imágenes podían serle de utilidad para determinar cómo se orquestó la fuga. Pero cuando las reclamó, el Servicio Penitenciario le informó al fiscal que las grabaciones ya no están en su poder. Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
En agosto, Martín Lanatta había dado una entrevista en Periodismo para todos y acusado a Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete, por el triple crimen de General Rodríguez. Por ese caso, él, su hermano y los Schillaci cumplen cadena perpetua. El día después de las acusaciones públicas a Fernández, Lanatta pidió estar alojado junto a su hermano y a Schillaci en una misma celda y lejos de otros internos para garantizarse su integridad física.
La jueza Marcela Otermín le concedió el pedido, a pesar de la negativa del Ministerio Público Fiscal bonaerense. PERFIL reveló ayer que los fiscales provinciales se opusieron por escrito a que los acusados estuvieran juntos porque ya habían intentado fugarse en 2013. Pero fueron desoídos, tanto por la jueza como por el Servicio Penitenciario bonaerense.
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Cuando la magistrada autorizó que los tres presos estuvieran juntos y aislados, el Servicio Penitenciario Bonaerense decidió ubicarlos en el área de enfermería (Sanidad) del penal de máxima seguridad. Dispuso además vigilancia durante las 24 horas a través de una cámara de seguridad que monitoreaba y grababa todos los movimientos de los ahora prófugos.
Según las autoridades del penal, en octubre, luego de que se diera a conocer la “cámara oculta” que los Lanatta y Schillaci hicieron a un supuesto enviado de Aníbal Fernández a la cárcel para negociar su silencio (ver recuadro), el gobierno bonaerense se hizo de las grabaciones. Según la versión de las autoridades penitenciarias, la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense incautó las grabaciones de la cámara que vigilaba permanentemente a los tres presos. Y a partir de ese día no volvieron a grabarse imágenes. No hay videos que registren los últimos dos meses de los Lanatta y Schillaci.
El fiscal Citterio dispuso que encuentren los videos supuestamente incautados por la Subsecretaría de Política Criminal y los incorporen a la investigación. El funcionario de Daniel Scioli a cargo de esa área en el momento de la desaparición de las grabaciones era César Albarracín. Según las autoridades penitenciarias, fue quien dio la orden de llevarse los videos previos a la “cámara oculta”.
En el entorno del ex funcionario contaron otra versión a PERFIL que se contradice con la que el Servicio Penitenciario hizo llegar a la fiscalía. Según los allegados de Albarracín, él no ordenó incautar las grabaciones y se enteró de que la cámara de seguridad no grababa después de la fuga del domingo, cuando él todavía estaba en funciones –durante la transición que retuvo funcionarios del sciolismo en la recién iniciada gestión de María Eugenia Vidal–, y se lo informaron sus superiores.
Para algunos de los investigadores judiciales, la denuncia pública de Lanatta contra Aníbal Fernández estaría relacionada con el plan de fuga. Creen que el escape comenzó a orquestarse hace meses. La hipótesis concuerda con la versión de testigos que dijeron que miembros de la familia Schillaci buscaban vender un galpón para hacerse de dinero para la fuga. Así lo habrían manifestado familiares de Víctor Schillaci.
Las sospechas siguen centrándose en el Servicio Penitenciario Bonaerense. La Policía de la Provincia de Buenos Aires tampoco es ajena al escándalo, ya que los prófugos tienen amplios contactos en la fuerza.
Los abogados dicen más de lo que parece
El abogado Antonio Solivaret habría visitado a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a su socio Víctor Schillaci en el penal de General Alvear como supuesto enviado del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
En el video se ve a Solivaret, ex asesor de la Municipalidad de Quilmes, negociando con Lanatta una gestión en la Justicia para que su hermano Cristian, Víctor y Marcelo Schillaci –todos condenados por el triple crimen– tengan una mejora en la pena a cambio de que se retracte de sus acusaciones públicas a Fernández.
En el video, grabado el 22 de agosto, Solivaret hace hincapié en su influencia judicial y hasta se jacta con que será el nuevo procurador general de la provincia en caso de que Fernández ganara las elecciones para gobernador.
Lo curioso es que este abogado fue socio del penalista Hugo Icazati, quien se presentó a negociar las condiciones de una posible entrega de los prófugos y que es allegado a la familia Schillaci. Aún hoy, en el Colegio Público de abogados bonaerense comparten estudio, en la calle Moreno, en Quilmes. Icazati sostiene que están distanciados hace años y que ya no son socios. De hecho, mudó su estudio a Puerto Madero.
