Más que con la Corte Suprema, Mauricio Macri quedó molesto por la información errada que manejaba el Gobierno. Esa es la mayor enseñanza que dejó en Casa Rosada el fallo adverso sobre el tarifazo del gas. En adelante el oficialismo quiere ordenar la (caótica) interlocución del PRO con jueces y fiscales. Macri a su vez pretende convertir la derrota en virtud: pese a no planear cambios de rumbo ni de gabinete respecto a la política energética (el ministro Juan José Aranguren por ahora sigue firme), el Presidente apunta a eliminar el tema tarifas de la agenda antes de fin de año.
La decisión unánime de la Corte terminó por contradecir una buena parte de los prejuicios y pronósticos previos: en más de ocho meses de gobierno, el macrismo logró una relación más fluida con el Congreso (en donde tiene minoría) que con el Poder Judicial. Las charlas privadas y sonrisas públicas entre Macri y Ricardo Lorenzetti, más la presión de los periodistas cercanos del PRO, no tuvieron efecto sobre la Corte. La noche del miércoles, mientras Macri y su gabinete varonil jugaban al fútbol en Olivos, todos confiados en un inminente fallo amigable, la resolución de la Corte ya estaba tomada, redactada y entraba en curso administrativo.
“Nos falta un interlocutor con la Justicia que, sin apretar como kirchnerismo, nos de información certera y comunique los intereses del Gobierno. Y ese rol no lo pueden cumplir cuarenta personas a la vez, porque si no, todo se vuelve muy difuso”, se quejaba ayer un funcionario del ala política del PRO.
Una impotencia parecida desplegó Macri el mediodía del jueves, cuando se enteró del fallo por los medios. Su segunda reacción fue hacer un reclamo de tipo contable: ordenó que le hicieran las cuentas sobre el costo que implicaría anular los tarifazos del gas al consumo del gas. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron los encargados de calmarlo. Entre ellos y el ministro de Energía Aranguren hicieron un cálculo al voleo: estimaron en mil millones de dólares la pérdida fiscal, una cifra que ayer Alfonso Prat-Gay redujo a 12 mil millones de pesos.
En la oficina de Peña ya estaba el secretario general del Gobierno, Fernando de Andreis, quien había ido a buscar a Macri a su despacho, más el ministro de Justicia Germán Garavano, y la dupla de coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Ahí, tras el pataleo inicial, con críticas incluidas al criterio “populista” de la Corte, se intentó ver el vaso medio. Desde una mirada pragmática, y pese a haber pagado un costo social y político (medidos en la caída de imagen y en cierta unidad repentina de la oposición), el fallo daba la posibilidad de salir de un pantano en que el Gobierno estaba trabado desde hacía meses.
Ese optimismo se terminó de pulir como discurso en la reunión siguiente: el equipo de comunicación –integrado por Peña, el vocero Iván Pavlovsky y el secretario de Medios Jorge Grecco– afinó la estrategia para la conferencia de prensa. Una vez más, el argumento elegido apuntó a diferenciarse del kirchnerismo: mientras Cristina Kirchner rivalizaba con la “corporación judicial” ante fallos adversos, el macrismo acepta casi a gusto lo planteado por la Corte.
En adelante, pese a los errores no forzados y a los pases de factura internos (Garavano apuntó directamente contra el equipo legal de Aranguren por no haber ordenado las audiencias públicas), no habrá cambios de gabinete. Macri no suele apurarse en reemplazar a sus ministros. Pero hay otro motivo: el Presidente es el macrista más convencido sobre la necesidad política, económica y cultural de avanzar con los tarifazos.
