El kirchnerismo encaró con tanto énfasis la revisión judicial y cultural de la herencia de la
dictadura, que casi convirtió su política de derechos humanos en la ideología oficial de la
gestión. A partir de la desaparición del testigo clave de la causa Etchecolatz, el Gobierno se
enfrenta a un dilema ético que quizá nunca previó: ¿está dispuesto a impulsar a fondo su política
de derechos humanos?
Tarde o temprano, esto iba a suceder. Todo gobierno tiene sus momentos de promesas, luego de euforia por el lanzamiento de procesos refundacionales y, al cabo de los años, llega la hora de enfrentarse con la realidad: las consecuencias de sus actos que ponen a prueba la convicción qué hay –o no- detrás de la agenda presidencial.
El kirchnerismo encaró con tanto énfasis la revisión judicial y cultural de la herencia de la dictadura, que casi convirtió su política de derechos humanos en la ideología oficial de esta gestión.
Así logró subsumir a los referentes de esa lucha –ejemplo: Estela Carlotto- en el experimento hegemónico “transversal” K. Así se puso Kirchner en un pedestal inalcanzable con respecto a sus predecesores democráticamente elegidos, que desde Alfonsín en adelante no han podido, no han sabido y no han querido resolver con justicia la herida histórica que no cesa de partir la memoria del país. Así encontró el Gobierno un eje políticamente correcto para darle un sentido épico a su gestión, y para sumar consenso en las encuestas y acólitos entre el periodismo progresista.
Hasta aquí, todo muy lindo: el pragmatismo político y los valores más sublimes de una sociedad democrática encajan mágicamente. Mejor dicho, encajaban.
A partir del más que alarmante episodio de la desaparición del albañil Jorge Julio López, testigo clave de la causa Etchecolatz, el Gobierno se enfrenta a un dilema ético que quizá nunca previó: ¿está dispuesto a impulsar a fondo su política de derechos humanos?
Seguramente Kirchner tiene, como tantos argentinos, clavadas en sus retinas las imágenes del alfonsinismo claudicante frente a la amenaza de una crisis institucional fogoneada por los militares alzados en armas contra la democracia.
Desde el comienzo de su mandato, debe haberle resultado muy tentador mostrarse como el vengador (¿el Montecristo?) que pagaría la deuda de justicia que la democracia se debía. El momento parecía propicio: los represores estaban viejos, desgastados, excluidos de la vida pública, vapuleados, enfermos... muertos.
Eso no quiere decir que el cálculo de Kirchner fue maquiavélico. Obviamente, en sus actos está la marca afectiva de la generación política a la que perteneció en los ’70. Pero la etapa épica, heroica, de la lucha kirchnerista por los derechos humanos parece a punto de terminar, para darle paso a la fase trágica, donde el apoyo fácil de la teleplatea que aprueba la valentía del oficialismo contra los dinosaurios de la dictadura puede convertirse –tras un amargo zapping- en la desconfianza de una clase media temerosa que, tal vez, se niegue a darle rating a un presidente que les traiga noticias sangrientas, e inestabilidad institucional a cambio de justicia y memoria.
¿Estará Kirchner dispuesto a poner en juego su reelección si las encuestas dijeran que ahora la mayoría tiene miedo de seguir destapando el pasado? Él contestaría que sí, pero la verdad la dirá el tiempo.
