Pese a presentar el paquete de proyectos K para reformar el sistema judicial como una iniciativa cerrada, sin posibilidad de ser discutida en sus contenidos, el oficialismo aceptará ciertos cambios, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hiciera llegar algunas modificaciones a los textos que se debaten en Diputados.
Además, a los cambios desde el Ejecutivo se sumaron el mensaje de la Corte Suprema de Justicia que, en una nota firmada por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidente, Elena Highton de Nolasco, respaldaron las apreciaciones de los principales camaristas del país, quienes alertaron sobre la “paralización” que podría provocar la sanción de los proyectos K.
Una de las principales consideraciones se centrará en los fondos para sostener el aparato judicial. Contra la idea primera de que sean manejados por el nuevo Consejo de la Magistratura, el presupuesto para el Poder Judicial seguirá en manos de la Corte Suprema, como hasta ahora, pero estarán controlados por la Auditoría General de la Nación.
Luego de la exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, el secretario de esa cartera, Julián Álvarez, aseguró que la "propuesta" del Gobierno ante los reclamos de la Corte Suprema es que "los presupuestos del Poder Judicial" se administren "conforme a la ley de autarquía", es decir, que sigan bajo la órbita del Alto Tribunal.
"Nuestra propuesta es que se incorpore la posibilidad de que se administren los presupuestos del Poder Judicial conforme la ley de autarquía de Poder Judicial, sancionada en 1990", manifestó el funcionario, ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Presupuesto y Hacienda de Diputados sobre los pedidos del máximo tribunal de justicia ante las reformas que impulsa el kirchnerismo.
"Nos parece al Poder Ejecutivo de la Nación aceptables algunas de las propuestas, diría yo la mayoría de las propuestas que realiza la Corte Suprema. Esto es la cuestión presupuestaria, la cuestión de superintendencia, es la cuestión de personal", remarcó.
Asimismo, según trascendió, el oficialismo aceptaría mantener la potestad de los jueces de designar a sus secretarios judiciales y funcionarios de alto rango, mientras que se aplicará el concurso para el resto de los empleados.
Así lo indicó a DyN una fuente del oficialismo al referirse a las modificaciones que el gobierno aceptará en el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura.
