La situación en las cárceles es preocupante en más de un sentido. El hacinamiento es un capítulo con consecuencias hacia adentro y afuera de las instituciones. El ex presidente propone una solución.
De manera reiterada oímos o leemos quejas ante lo que lamentablemente parece ya un mal crónico de nuestro sistema judicial y penitenciario: el de la llamada “puerta giratoria” que atraviesan los autores de delitos, sin quedar detenidos. La sociedad argentina, inquieta y muchas veces sobrepasada ante la persistencia de estos males, suele reclamar más policía en las calles y más delincuentes en prisión. Y aunque se trata de un reclamo hecho de buena fe y en pos de su legítimo derecho a vivir con tranquilidad, rara vez toma en cuenta una triste realidad ya imposible de obviar: la sobresaturación de población en las unidades carcelarias, que suma un grave problema a los ya acuciantes que hacen a la seguridad del país.
Las cifras son abrumadoras. Según datos oficiales de 2014, los últimos disponibles, en la Argentina vivían tras las rejas poco más de 69 mil personas, al tiempo que se estimaba en alrededor de 50 mil quienes estaban en condición de prófugos. Sólo en la provincia de Buenos Aires, la superpoblación de internos es hoy cercana a las 9 mil personas. Más de 2.200 ingresan al sistema anualmente, mientras que por año son liberados 600 internos, con lo cual cada año se suman 1.600 más. No se trata de ser alarmistas, pero es fácil comprender, a la luz de estos datos, que el sistema carcelario de nuestro país está al borde de una implosión.
Frente a esta realidad y ante el constante reclamo social por mayor seguridad, que llevó a declarar la “emergencia” en la materia a comienzos de este año, resulta poco menos que utópico demandarle al Parlamento medidas que establezcan una mayor rigurosidad en materia de excarcelación, si después no tenemos dónde alojar a los presos, o mucho peor, lo hacemos en lugares donde el hacinamiento es el caldo de cultivo para la reincidencia. ¿De qué sirve hablar de la Justicia o de la tranquilidad de las víctimas, si en definitiva, cuando se detiene a una persona, no hay dónde ubicarla?
No se trata, por cierto, de un problema exclusivamente argentino, pero sería muy lamentable “consolarnos” con que es un “mal de muchos” y no buscar vías de solución. En todo caso, cabe recordar el comentario que el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, le formuló a un grupo de dirigentes de distintos países que lo consultaron sobre cómo hacer frente a este tipo de situaciones. “Si un país decreta la emergencia de seguridad, sin hacer nada, sin cambiar nada, den por sentado que las cosas van a seguir igual”. Y les enfatizaba que, para no quedarse en “puras declaraciones marketineras”, es necesario priorizar la asignación de recursos y, si estos son escasos, como suele ocurrir, se deben buscar soluciones más rápidas y efectivas.
Desde ya que las soluciones de fondo pasan por implementar acciones simultáneas de dos tipos: encarar políticas de Estado que, atendiendo a la complejidad de los temas involucrados, contribuyan efectivamente a disminuir el delito, y al mismo tiempo, construir las unidades que, hace ya mucho, están faltando para alojar, de manera segura y sana como establece el precepto constitucional, a la población carcelaria que ya desborda las instalaciones existentes. Pero se trata, en ambos casos, de medidas que llevará tiempo concretar. ¿Qué hacemos entretanto, en la emergencia en que nos encontramos?
Como ocurre en tantos otros órdenes de la vida, estoy convencido de que se trata de
implementar las medidas posibles en lo inmediato, que permitan ir remontando la emergencia, hasta que estemos en condiciones de alcanzar la solución ideal o de fondo. En este caso, si necesitamos que los autores de delitos estén tras las rejas y no podemos permitir que el hacinamiento convierta el problema en un búmeran, debemos encontrar los medios de incrementar la infraestructura edilicia disponible para albergar un importante número de presos en condiciones más dignas.
Esa infraestructura existe. Hay en el país una importante cantidad de instalaciones
ociosas de las Fuerzas Armadas, así como inmuebles de distintas reparticiones públicas nacionales, provinciales y municipales desafectados de sus funciones, que mediante un acondicionamiento adecuado podrían integrar un plan de contingencia para convertirlos en unidades carcelarias, como así también para descomprimir los institutos de menores que, al igual que los de adultos, padecen las inclemencias del hacinamiento.
El proyecto requerirá un relevamiento pormenorizado de las unidades militares y otras instalaciones que podrían destinarse a este fin, recabando la opinión de los respectivos Estados Mayores y solicitando la participación de los cuerpos de ingenieros de las Fuerzas Armadas. Así se estará en condiciones de precisar qué inmuebles están disponibles, tomando en cuenta las modificaciones edilicias necesarias para su adecuación como cárceles “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, tal como establece el artículo 18 de nuestra Constitución. Obras que, desde ya, deberán emprenderse mediante las correspondientes licitaciones públicas.
Los estudios realizados señalan que el trabajo, en su totalidad y previa licitación, podría completarse en un tiempo razonable (entre cinco y seis meses) y a un costo que rondaría, aproximadamente, el 20% de lo presupuestado para hacer edificios nuevos. Una vez finalizadas las obras, se podría dar albergue a unos 5 mil reclusos, casi el 10% de los presos a nivel nacional. A estos edificios reacondicionados se deberían destinar los detenidos de menor riesgo y quienes estén a punto de recuperar la libertad, mientras que la población de mayor riesgo continuaría dentro de los establecimientos hoy existentes.
Insisto: se trata de un plan de contingencia, una propuesta para hacer frente al serio problema que afecta a nuestro sistema penitenciario, y en el contexto de la “emergencia de seguridad” nacional decretada y a la que han ido adhiriendo distintas provincias a lo largo de estos últimos meses. Está claro que las soluciones de fondo requerirán de otras medidas, con políticas públicas que demandarán mayores recursos y plazos más largos para su concreción y para dar los resultados deseados.
El debate está abierto; pero está claro que no podemos mantenernos de brazos cruzados o limitarnos a reclamar de los legisladores una mayor severidad en las normas, si no encaramos las medidas adecuadas para que resulten de aplicación efectiva. Si nos quedamos en la mera declaración de la “emergencia de seguridad” y no avanzamos en las decisiones políticas que prioricen las asignaciones de recursos y lleven adelante las obras para hacerle frente a la “emergencia” decretada, sólo estaremos permitiendo que las cosas sigan igual, es decir, empeorando día a día.
