En su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner detalló la política previsional llevada adelante por su gobierno obviando dos puntos que son por demás importantes.
Por un lado, habló del crecimiento del haber jubilatorio, tomando como punto de comparación el año 2001, pero en ningún momento se animó a contraponerlo con la inflación acumulada a lo largo de toda la década. Aún más, ni siquiera hizo mención a la pesificación asimétrica del 2002 que devaluó 5 a 1 todos los salarios dolarizados por la convertibilidad en cuestión de días. A pesar de los aumentos señalados, hoy la jubilación mínima no alcanza a cubrir el 50% del costo de la canasta básica.
El otro punto omitido es el que se refiere al derecho constitucional de nuestros jubilados de cobrar un haber estipulado en el 82% móvil del sector activo. Dio toda la impresión de que para la Presidenta, se trata de un capítulo cerrado cuyo final fue marcado por el injusto veto a la ley que lo reglamentaba y otorgaba dos años atrás.
Mientras analizaba su discurso, recordé que durante la última campaña electoral escuché al oficialismo reclamar apoyo popular para dar con mayor fuerza una pelea contra un enemigo supuestamente poderoso que pretendía impedir que el gobierno pueda llevar adelante las políticas sociales más importantes. Hablaba de nosotros, los opositores, un enemigo insensible según la prédica del kirchnerismo.
Quiero recordar que fue la oposición la que sancionó hace dos años el 82% móvil para garantizar una reparación y una previsibilidad al sector previsional pero esa ley inmediatamente fue vetada por el Poder Ejecutivo con el argumento de que se trataba de la "ley de quiebra del estado".
También esa misma oposición "insensible" siempre estuvo y está dispuesta a brindar herramientas al gobierno para poder cumplir con el sector pasivo, sin dudas el sector económico más relegado de la última etapa del país, y aportó ideas como la de gravar la renta financiera. Pero por sobre todas las cosas, pidió a gritos que no usaran la ANSES como caja política.
Solo recibimos como respuesta la decisión unilateral del Gobierno de tomar prestado esos fondos, por ejemplo, para financiar el rojo del Tesoro Nacional y para proyectos que son ajenos a su órbita como cubrir déficits a las cajas militares y de seguridad y las cajas provinciales transferidas, otorgar subsidios o pensiones no contributivas y hasta para girar fondos para salvar a algunos Bancos como el Nuevo Banco del Chaco.
Además, se financian obras de infraestructura como ATUCHA o, lo más insultante para la realidad de un jubilado, con su dinero se financia gran parte de la excesiva y muchas veces mentirosa, publicidad del Fútbol para Todos a la que seguramente deberemos sumar ahora el Automovilismo Para Todos. Televisación presentada como una política de estado pero a la que también le debemos que su implementación descapitalice en gran parte el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones y Pensiones.
En definitiva, nos mintieron. Usaron ese dinero para pagar con favores políticos el apoyo electoral disciplinando Intendentes, punteros políticos y organizaciones sociales en lugar de respetar la sanción parlamentaria y poner esos fondos a disposición de los jubilados abonando de una vez y para siempre el 82 % móvil. No lo hicieron, es por eso que este gobierno pasará a la historia como aquel que tuvo los fondos y el apoyo total para otorgar una reparación histórica a la clase pasiva y optó por usar ese dinero como caja política en lugar de devolvérselo a sus verdaderos dueños que son nuestros adultos mayores que aportaron durante años para eso.
Por respeto a ellos no podemos callar y dejar de exigir. Este año anunciamos el compromiso de la Coalición Cívica de seguir trabajando para recuperar la caja de la ANSES para beneficio de nuestros adultos mayores y volveremos a intentar sancionar la ley que les otorga el 82% móvil. Porque cuando cierra la cadena nacional y los discursos encendidos se apagan aparece la realidad, la que no se puede obviar desde las palabras y se debe afrontar. La misma nos dice que nuestros adultos mayores no se encuentran dentro de las prioridades gubernamentales. Pero no alcanza con denunciarlo, su presente y futuro también es nuestra responsabilidad como oposición.
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