El "amigo" que complicó a Díaz Gilligan: quién es el supuesto dueño del dinero en Andorra

Francisco "Paco" Casal nació en Brasil. Pero se hizo rico en Uruguay. Este empresario que tiene negocios como representante de jugadores de fútbol y con los derechos de TV es el "amigo" de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia, ahora acusado de ocultar en sus declaraciones juradas un depósito de US$ 1,2 millones en la Banca Privada d'Andorra (BPA). Según señaló el funcionario argentino, la plata que depositó pertenecía a Casal y lo hizo como un favor.

Casal no es un millonario más. Como futbolista pasó sin pena ni gloria durante la década del '80. Pero entendió como nadie el negocio de las transferencias. Su fortuna se cimentó representando jugadores y luego dio un giro notorio con el ingreso en el negocio de la televisión. “Paco ve la figura de representante: no solo hacía el pase como intermediario, sino que después quedaba enganchado para defender los contratos del futbolista y seguirlo representando en el futuro. Luego da un paso más y directamente le compra la ficha del futbolista al club”, contó a la revista uruguaya Búsqueda el historiador Atilio Garrido, desde las oficinas de Tenfield, creada por Casal en 1998. 

A finales de la década de los 80 ya representaba a los mejores del país: Carlos Aguilera, Rubén Sosa, Enzo Francescoli, Hugo De León y Nelson Gutiérrez. “Yo estuve atrás del Peñarol que quedó campeón de América (1987), del Nacional campeón (1988). Yo armé el River -argentino- del 86. ¡Qué voy a ser perdedor!”, contestó Casal cuando se lo consultó sobre su época de representante en un informe de El Telégrafo.

Su primer gran paso en el nuevo rubro fue comprar los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Según El Observador pagó US$ 32 millones menos de lo que ofrecía la empresa Bersabel, integrada en parte por el grupo Clarín. Por US$ 50 millones se quedó con los derechos de TV del fútbol uruguayo. Luego sumó los de la selección nacional, los de la imagen del seleccionado, del marketing, de la negociación por la indumentaria, hasta llegar a organizar partidos amistosos. Por ese entonces ya tenía como socio a Enzo Francescoli.

"Paco Casal es el dueño del fútbol en Uruguay, no. Es el dueño de hecho pero no de derecho. De hecho porque los demás le vendieron el fútbol, él pagó cuando nadie pagaba un mango y muchos programas y canales de televisión vivían de los jugadores; entre ellos yo, que iba a programas y jugaba para la selección y no pagaban nada", dijo el exjugador de River y actual manager entrevistado en 2015 por El Telescopio.

Luego, con la creación de GolTV, canal por suscripción creado en 2003 para Estados Unidos y en 2005 para Latinoamérica, pasó a comprar derechos en todo el continente. Adquirió los permisos del fútbol de Perú en 2013, de Venezuela en 2016 y de Ecuador en junio de 2017. Precisamente es GolTV la implicada en este escándalo del funcionario de Macri.

"Valentín trabajaba como asesor de GolTV. Los directivos de esa firma le piden ponerlo como director de Line Action en 2012. La firma es británica, está radicada en londres y ahora el director es Francisco Casal"; señalaron desde su entorno a PERFIL.

Conflicto. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo Díaz Gilligan a El País de España. ¿Cuál era ese problema? Según publicó el diario El País de Uruguay, la pelea fiscal finalizó con el perdón presidencial de una deuda millonaria.

Todo comenzó en 2002, cuando la DGI denunció que Casal había evadido el impuesto a la Renta y el Patrimonio por las ventas de futbolistas por un valor cercano a los 9 millones de dólares. En febrero de 2008, dos inspectores de la DGI visitaron el edificio de Tenfield y se reunieron con Casal y Nelson Gutiérrez, con el objetivo de llegar a una "solución" para saldar la deuda.

Le dijeron que si no saldaba la deuda con el fisco empezarían a labrar actas y en lugar de US$ 9 millones la deuda pasaría a US$ 18 millones, y de ahí podría ser de US$ 36 millones, pudiendo llegar hasta los US$ 100 millones. Ese mismo año, el Poder Judicial embargó los bienes del empresario y de ocho socios por US$25 millones a pedido de la DGI, que luego fijó la deuda en US$ 104 millones. Pequeño detalle, los inspectores fueron filmados y los abogados de Casal presentaron el material como posible método de "presión" hacia el empresario, siendo aceptada como prueba ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) cuando el contratista inició una acción de nulidad.

Luego, la fiscal Dora Domenech solicitó archivar la causa por falta de pruebas. En 2013 Casal amenazó con demandar al Estado en US$ 300 millones por daños y perjuicios. El entonces presidente José Mujica decidió perdonarle la deuda. Ahora, en 2018, ese conflicto vuelve a ser un dolor de cabeza. Esta vez para un funcionario argentino.